Un año después de su aprobación en el Congreso, la ley de amnistía sigue sin ser aplicada a los principales implicados en el 1-O. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado una rueda de prensa en Kobe (Japón) para reiterar su reclamación para que la norma se haga efectiva inmediatamente. Illa ha lamentado que, pese a su aprobación, todavía no se haya implementado, subrayando que “me gustaría que no hubiera pasado todo un año”. El presidente ha defendido que se trata de una “buena ley”, a pesar de las críticas de la oposición y ciertos sectores judiciales, y ha acusado a los que niegan su aplicación de “ignorantes” ante una realidad política que, según él, ya ha sido reconocida por el Congreso.
El líder del PSC ha recordado que la ley fue aprobada con una “amplia mayoría parlamentaria” y que fue un paso importante para la recuperación de la “normalidad institucional y política” de Cataluña. Illa ha querido dejar claro que, a pesar de las decisiones judiciales que han retrasado su aplicación, sigue respetando el poder judicial pero exige también respeto por las decisiones del poder legislativo.
Críticas a la inacción judicial
Los partidos independentistas no han dudado en señalar la responsabilidad de los jueces en este retraso. Junts y ERC han acusado al poder judicial de bloquear la norma, una situación que el Eurodiputado de los Comunes Jaume Asens ha definido como un “incumplimiento flagrante” de la ley. Asens ha mostrado esperanza en una resolución favorable del Tribunal Constitucional a finales de junio, aunque no descarta posibles obstrucciones por parte del Tribunal Supremo, que mantiene vigentes las órdenes de detención contra algunos de los exiliados, como Carles Puigdemont y Toni Comín.
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado la ley de amnistía como una “muy buena ley” que reconoce “la represión que no debería haber pasado”. No obstante, ha alertado de que una parte de la cúpula judicial sigue resistiéndose a aplicarla y que los tribunales europeos acabarán “poniendo las cosas en su lugar”. La misma línea ha seguido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha lamentado el “fracaso judicial” y ha instado a una reforma profunda del sistema judicial para evitar “que los Marchenas y Peinados sigan actuando como si fueran por encima de la ley”.
Desacuerdos políticos profundos
La amnistía ha generado un gran debate político, con unas líneas de división bien marcadas. Los partidos de la izquierda y el independentismo la consideran un avance para la reconciliación política e institucional en Cataluña, mientras que la oposición acusa al gobierno español de “corrupción política” y de ceder a las exigencias de los independentistas para mantenerse en el poder. El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha calificado la amnistía como “el acto más grande de corrupción política” de la historia reciente, asegurando que Sánchez aceptó la norma a cambio de votos para mantenerse en La Moncloa.
En la misma línea, el secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha criticado la ley para premiar a aquellos que han estado implicados en delitos de malversación de fondos públicos, una postura que considera “un mal ejemplo para la sociedad”.
La sombra del Tribunal Constitucional
El debate sobre la amnistía no se limita sólo a las esferas políticas, sino que también ha hecho aparecer la figura del Tribunal Constitucional, que tiene previsto abordar la cuestión a finales de junio. Los partidos del independentismo confían en que el TC garantizará la aplicación de la ley, mientras que la oposición teme que la justicia europea intervenga antes de una resolución definitiva.
A medida que se acerca el primer aniversario de la amnistía, las tensiones entre los diferentes poderes del Estado y las diferentes fuerzas políticas se mantienen al máximo. Su aplicación efectiva se sigue debatiendo a todos los niveles, con la vista puesta en las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y la posible intervención de las instancias judiciales europeas.
