El Gobierno obligará a las administraciones públicas a hacer un 50% de la compra de alimentos a base de productos de proximidad. Esto afectará, por ejemplo, a los comedores de los centros educativos, las cárceles y los centros sanitarios.
Es una de las medidas incluidas en la Estrategia Alimentaria 2025-2028 presentada este miércoles por el conseller Óscar Ordeig, de acuerdo con la Ley de Alimentación que el ejecutivo prevé tener aprobada este 2025.
Ordeig ha apuntado que el producto de proximidad representa ahora tan solo el 20% de las compras de alimento del sector público y ha asegurado que doblarlo generará un impacto de 100 millones de euros. El conseller ha defendido que hay que “educar y sensibilizar” a la sociedad sobre la importancia del consumo de km 0.