Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona desmantelaron, el pasado 11 de octubre, una organización criminal dedicada a las estafas financieras en el ámbito inmobiliario en toda España mediante la simulación de poderes notariales sobre inmuebles de los que no eran propietarios.
El dispositivo finalizó con la detención de 22 personas de entre 30 y 40 años principalmente, en diversas localidades de Cataluña y también en Sevilla, donde los investigadores de la DIC se desplazaron para realizar las detenciones con la colaboración de la Guardia Civil.
La investigación arrancó en mayo de 2025 a raíz de la denuncia en Figueres por parte de un despacho notarial por una supuesta estafa de grandes cantidades económicas perpetrada de manera continuada por parte de una organización criminal.
El entramado estaba especializado en la simulación de poderes notariales sobre inmuebles que no eran de su propiedad para acabar solicitando créditos, que no retornaban, a inversores privados, con las propiedades como aval en caso de no retornar el dinero. De esta manera, la organización defraudó más de 1.200.000 euros a una pluralidad de víctimas.
Las primeras gestiones de investigación determinaron que uno de los principales líderes se movía entre Sevilla y Cataluña. Un perfil que se relacionaba con otros miembros del grupo localizados principalmente en Rubí (Vallès Occidental) y en Manresa (Bages).
MODUS OPERANDI CON 4 FASES DIFERENCIADAS
La estafa se componía de diversas fases e iba condicionada a la comisión previa de delitos de usurpación del estado civil y falsificación documental para perpetrarla.
La primera fase de la operativa delictiva se centraba en la búsqueda en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores. A partir de aquí, los investigados solicitaban información por diferentes vías, como el Registro de la Propiedad para conseguir los datos personales de los propietarios y para saber si los inmuebles seleccionados estaban libres de cargas. Unas comprobaciones enfocadas a que futuros inversores pudieran inscribir una opción de compra sobre los productos inmobiliarios.
La segunda fase se iniciaba una vez obtenían los datos de los titulares de las fincas. A partir de aquí, miembros de la organización elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca a favor de otro de los miembros del entramado criminal, que en algún caso era un abogado, que actuaba como apoderado y que fue detenido el día de la explotación de la investigación.
Con los poderes otorgados comenzaba la tercera fase basada en concretar operaciones con inversores inmobiliarios. Los investigados contactaban con asesores o intermediarios de financiación y, simulando alguna situación personal de necesidad y en la que la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000€ y 300.000€, el cual querían avalar con la finca sobre la que habían adquirido poderes fraudulentamente.
Este crédito se materializaba mediante una opción de compra a un plazo relativamente corto – habitualmente de 12 meses- en favor del inversor que, en caso de una situación de no retorno del crédito, podía adquirir el inmueble por un precio claramente más bajo de su valor real. Con las condiciones de la operación financiera acordadas, las dos partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria.
La última fase de la acción delictiva consistía en la división del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. De hecho, el equipo investigador pudo acreditar la adquisición de inmuebles de manera conjunta entre algunos investigados así como operaciones de inversión y compras de vehículos y sociedades en fechas inmediatamente posteriores a las de las consumaciones de las estafas
UNA PLURALIDAD DE PERJUDICADOS
Entre las víctimas de las estafas investigadas se encontraban principalmente los propietarios de las fincas sobre las que se habían realizado actos notariales fraudulentas en nombre de los titulares y los inversores que habían adquirido la opción de compra, confiando en la legitimidad del poder notarial. Unos inversores que difícilmente podían haber detectado la estafa antes de que venciera el plazo de retorno del crédito.
Por otro lado, en el marco de la investigación también se recibieron denuncias por parte de los intermediarios y asesores que habían puesto en contacto a los acreedores con los autores de las estafas.
Durante la investigación los agentes pudieron acreditar la existencia de trece actos de otorgamiento de poderes notariales fraudulentos mediante DNI falsificados así como siete estafas consumadas por valor superior a 1.200.000 de euros.
INVESTIGACIÓN Y DISPOSITIVO DE DETENCIÓN
Con todos los indicios recogidos, el 11 de octubre, los agentes diseñaron un dispositivo, que contó con más de 80 efectivos policiales, para detener a los miembros del entramado con entradas simultáneas en Estepa (Sevilla), donde agentes de la DIC se desplazaron y contaron con la colaboración de la Guardia Civil, en Rubí (Vallès Occidental) y en Manresa (Bages) además de registros de el resto de investigados en otras localidades catalanas.
En los registros en los domicilios los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora manipulada para hacer fuego y pequeñas cantidades de droga.
El balance final fue de 22 detenidos -17 hombres y 5 mujeres- en las localidades de Manresa (8), Rubí (5), Estepa (3), Sant Fruitós del Bages (2), Figueres (1), Salt (1) y Castellolí (1). Todos ellos pasaron a disposición judicial el jueves 13 de agosto. La mayoría de los detenidos contaban con antecedentes por diversos delitos y, concretamente, los principales líderes de la organización ya habían sido detenidos anteriormente por delitos de la misma tipología.
Se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal.
