Un grupo de estafadores informáticos ha robado 8 millones de euros a entidades públicas catalanas como ayuntamientos, consejos comarcales y hospitales, según ha adelantado 'La Vanguardia'. En concreto, la banda se apropió de más de medio millón de euros del Servei Català de Trànsit (SCT), 544.320 del Ayuntamiento de Viladecans, 498.620 del Hospital de Sant Pau y 481.403 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre, según consta en un informe de los Mossos al que ha tenido acceso el diario. Este informe ha sido remitido al juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el marco de una macrocausa que investiga una organización internacional dedicada a estafar entidades públicas haciéndose pasar por proveedores de servicios. En Cataluña habría 25 administraciones afectadas.
Los delincuentes se hacían pasar por un proveedor y enviaban un correo informando de que habían cambiado de cuenta para abonar la prestación de un servicio. La organización obtenía los proveedores a través del portal de transparencia. Entonces imitaba el logotipo y creaba una cuenta de correo electrónico muy similar a la original para reclamar el pago de las facturas. Una vez cobrado el dinero, lo transferían a otras cuentas para dificultar el rastreo.
La investigación se inició en julio de 2020 después de que el Centro Médico Delfos denunciara que alguien les había suplantado la identidad y había hecho cobros en su nombre. La Mutua Universal Mugenat interpuso una denuncia por los mismos hechos. En esta informaba de que había recibido un correo del Centro Médico Delfos indicando un cambio de cuenta. Se llegaron a hacer pagos por valor de 625.536 euros en dos meses. Los Mossos detectaron cómo los delincuentes habían transferido parte de este importe en cuentas de Budapest. La policía y las entidades bancarias bloquearon las cuentas pero solo pudieron inmovilizar la mitad del dinero, ya que el resto ya había sido transferido.
En otra estafa la víctima fue el Consorcio Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, quien recibió unos correos de unos proveedores de limpieza y que acabó con pagos de más de 600.000 euros. Este importe fue transferido a cuentas de Rumanía.
El tercer caso que detalla 'La Vanguardia' fue el de la empresa Agrovial, que reclamó 56.000 euros a Aigües de Reus siguiendo el mismo modus operandi. Por otra parte, el Ayuntamiento de Molins de Rei transfirió 62.900 euros por el servicio de limpieza y el de Begur 127.000 a la supuesta empresa de recogida de basuras.
Una de las estafas más cuantiosas la sufrió el Ayuntamiento de Viladecans, que abonó a la cuenta de los estafadores 544.000 euros pensando que lo hacía a la empresa que prestaba los servicios de atención domiciliaria.
La banda ha operado más allá de Cataluña. La Policía Nacional detuvo en 2019 en Fuenlabrada a un miembro de este grupo que llevaba 22 tarjetas bancarias que estaban a nombre de cinco personas y algunas llevaban la misma fotografía. En su móvil se encontró documentación sobre las estafas.
