El pasado viernes se celebraron las elecciones agrarias en Cataluña, en las que Unió de Pagesos (UP) obtuvo la victoria con un total de 4.417 votos, que representan un 47% de los sufragios emitidos, según los datos oficiales con el 100% del voto escrutado, aunque queda pendiente el recuento de los votos por correo.
Esta cifra supone que UP reduce su representación en la Mesa Agraria pasando de siete a seis miembros. En segunda posición se encuentra JARC, con 2.822 votos, equivalente al 30%, lo que le permite incrementar sus representantes de una a cuatro personas.
Candidaturas sin representación y datos sobre la participación
Por otro lado, tres candidaturas no consiguen plaza en la Mesa Agraria: Asaja con un 11%, Assemblea Pagesa con un 5%, y Unión de Pequeños Agricultores (UPA) con un 1,9%. El porcentaje de voto en blanco se sitúa en un 5%.
El índice total de participación se situó en un 54,78%, correspondiente a un total de 11.709 votantes.
El impacto del voto nulo promovido por Revolta Pagesa
Revolta Pagesa, entidad que ha impulsado una opción crítica dentro de este proceso electoral, ha denunciado que cerca del 20% de los votos fueron nulos, concretamente 2.317 sufragios anulados. Este dato pone en cuestión el actual modelo de representatividad del sector agrario catalán.
A través de un comunicado institucional, Revolta Pagesa ha calificado esta cifra como una "movilización histórica" por parte de los profesionales agrícolas catalanes y destaca que más de dos mil agricultores han optado por el voto nulo como forma de expresar descontento.
Varias irregularidades y demanda de una reforma del sistema electoral agrario
La organización también ha alertado sobre "diversas irregularidades" detectadas durante todo el procedimiento electoral y reclama una transparencia más elevada así como unas condiciones igualitarias para todas las candidaturas implicadas.
Además, Revolta Pagesa reivindica abrir un debate amplio para revisar el modelo vigente y garantizar una estructura más justa y efectiva en la representación de los intereses campesinos dentro de la administración pública catalana.