UGT ha asegurado este miércoles que la propuesta de construir 218.000 viviendas protegidas antes de 2030 que puso sobre la mesa el presidente del Govern, Salvador Illa, en el debate de política general es “irrealizable” en los plazos que se plantean.
El sindicato ha pedido en un comunicado cómo se concretará la propuesta, ya que gran parte de estas viviendas previstas, hasta 160.000, se realizarían en 57 sectores pendientes de proyecto de urbanización y reparcelación sin planeamiento urbano.
Según han apuntado, este proceso requeriría una tramitación y planificación de más de 10 años y políticas de desarrollo más allá de la vivienda, porque “sería como construir dos ciudades enteras como Hospitalet de Llobregat”.
En algunos casos, estos suelos requieren tramitar cambios de usos y recalificaciones, de una urbanización del futuro espacio público, y de una futura dotación de servicios urbanos como alcantarillado, alumbrado, transporte público, y equipamientos de todo tipo desde educativos, sanitarios, sociales, a culturales, “que no se encuentran ni en planificación”.
A su vez, UGT se ha mostrado preocupada por cómo puede afectar este incremento del ritmo constructivo -que debería multiplicarse por 4 al actual-, a las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción. “El sector se tensionará y acabará afectando a las personas que trabajan en él con jornadas más largas y condiciones más precarias”, han avisado.
El sindicato ha afirmado que apoya la propuesta del Gobierno de solucionar el problema de acceso a la vivienda, pero ha insistido en que los plazos planteados son “irrealizables”.
Por otro lado, han advertido que la propuesta de Junts per Catalunya sobre exigir 10 años de empadronamiento en un municipio para poder acceder al derecho a una vivienda protegida, es “una cortina de humo ante la situación de denegación del derecho al empadronamiento que realizan algunos municipios de nuestro país”.
La UGT ha lamentado que el grupo presidido por Carles Puigdemont “quiera modificar la ley de vivienda para endurecer los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial en lugar de hacer propuestas constructivas para encontrar una solución, por ejemplo, a los alquileres de temporada o de habitaciones”.
