Elite Taxi, Riders por Derechos y Txi Project 2.0 han denunciado a Uber Eats por estafa y delitos contra los trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social, dentro de una posible organización criminal. Las tres acusan a Uber Eats de haberse implantado en España desde 2017 por “abuso de la figura del falso autónomo”, que ha utilizado para “hacer crecer exponencialmente el mercado del reparto a domicilio”.
A partir de la llamada Ley Ryder, las entidades afirman que Uber Eats ha pasado de los falsos autónomos a la subcontratación temporal, para externalizar “fraudulentamente” toda la actividad a empresas “que imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores”, aunque “sigue estableciendo las condiciones” y “disfrutando de las rentas de su trabajo”.
Por todo ello, las tres organizaciones consideran que Uber Eats ha ideado un “modelo para fraude y lucro ilícito” utilizando “falsos autónomos para simular trabajos en beneficio propio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y la vulnerabilidad”.