Las licencias de edificación y los proyectos de urbanización y reparcelación repartidos por 236 sectores de 30 municipios entre Malgrat de Mar y Alcanar quedarán suspendidos un año como máximo después de que la comisión de territorio de Cataluña haya aprobado el avance del Plan Director Urbanístico (PDU), que incluye la moratoria con el objetivo de revisar más exhaustivamente el suelo pendiente de edificar. En total, la medida afecta 3.500 hectáreas que tienen un potencial de construcción aproximado de 70.000 nuevos hogares. La medida, que no afectará las obras ya autorizadas, es una continuación del Plan de protección de la Costa Brava y el Alt Pirineo ya que se hace extensivo a toda Cataluña, excepto el ámbito metropolitano de Barcelona.
De hecho, el Gobierno revisará el planeamiento de hasta 41 municipios para garantizar que cumplen los parámetros de integración paisajística de todas las casas que se construyan a partir de ahora. Estas localidades son Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar y el Masnou, en el Maresme; Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú y Cubelles, en el Garraf; Cunit, Calafell y el Vendrell, en el Baix Penedès; Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona (actualmente con el POUM suspendido), Vila-seca y Salou. También están incluidos Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp y Hospitalet de l'Infant, en el Baix Camp; l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla y Deltebre, en el Baix Ebre; y Sant Jaume d'enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita y Alcanar, en el Montsià. En 30 de estos municipios, se revisarán 335 sectores donde podrían llegar a construirse hasta 110.000 hogares y se estudiará si es necesario modificar estos parámetros o directamente se prohíbe edificar. De entre estos sectores, hay 236 que suman 3.500 hectáreas que son los que estarán afectados por la moratoria, a excepción de aquellos casos en que los proyectos de construcción y urbanización que ya se hayan autorizado. El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Agustí Serra, ha justificado que el avance incluya la moratoria de un año, como máximo, porque el Plan Director definitivo tardará unos meses y se quiere evitar que "este margen de tiempo se aproveche para construir" en todas estas zonas. Según Serra, la revisión en los 41 municipios también busca evitar el modelo de urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos y que sea más difícil llevarles los servicios, un fuerte impacto paisajístico y una gran dependencia del vehículo privado, entre otros. En este sentido, añade que aún sería posible porque muchas localidades no tienen su planeamiento adaptado a las leyes actuales. El objetivo de la medida es analizar si los 335 ámbitos que se deberán analizar se consideran sostenibles desde el punto de vista territorial (si cumple la estrategia de crecimiento del municipio al que pertenece), urbanístico (si se sitúa en continuidad al núcleo urbano y dispone de variedad de usos), ambientales, sectoriales (si hay riesgos naturales y cumple con la Ley de costas) y paisajísticos (el impacto que tendría una nueva construcción). La Generalitat recuerda que el PDU que se comienza a tramitar ahora forma parte de la revisión del planeamiento vigente en toda Cataluña y que por su complejidad se aprueban por territorios. En este sentido, el primero fue en julio de 2020 en el Alt Pirineo, donde se evitó la construcción de unos 8.500 hogares y medio año más tarde, en enero de este año, se dio luz verde al Plan de Protección de la Costa Brava, donde se evitó la construcción de 15.000 hogares. El próximo paso después de la aprobación del avance del PDU es la apertura de un periodo de audiencia para que los ayuntamientos hagan sus aportaciones y próximamente un periodo de consulta de un peso para los ciudadanos. A partir de aquí, se espera que la aprobación inicial sea en la primavera de 2022 después de recibir también las alegaciones de ciudadanos, entidades y municipios.
