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Un informe elaborado con el apoyo de la Generalitat, Ivàlua y el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya concluye que algunas de las políticas públicas más eficaces para reducir el consumo de agua y hacer frente a la sequía pasan por combinar restricciones obligatorias, tarifas por tramos, mejoras tecnológicas para limitar las fugas y un control más preciso de los consumos.
El estudio, liderado por Montserrat Termes, ha revisado decenas de trabajos concretos sobre el impacto real de diferentes medidas en el ámbito doméstico, agrícola y no residencial. El documento ordena las intervenciones en cuatro grandes bloques: instrumentos económicos, medidas informativas y conductuales, regulación directa e incentivos tecnológicos.
Cuatro bloques de políticas para gestionar la demanda
En el apartado económico, el informe propone tarifas crecientes por tramos, recargos temporales por sequía, tarifas estacionales, subsidios o reembolsos vinculados al ahorro, y también una tarificación volumétrica en la agricultura. En cuanto a las herramientas informativas y conductuales, plantea campañas de sensibilización, información personalizada sobre el consumo, comparaciones sociales con los vecinos y alertas.
En el terreno de la regulación directa, el texto señala restricciones sobre usos no esenciales, como el riego de jardines o el llenado de piscinas, además de dotaciones máximas por habitante, inspecciones y sanciones. Finalmente, entre los incentivos tecnológicos, incluye subvenciones para dispositivos de ahorro doméstico, etiquetado de electrodomésticos, fondos para modernizar el riego y sistemas de sensores.
El consumo doméstico, bajo la lupa
La parte más extensa del análisis se centra en el consumo doméstico, con 33 estudios revisados. La principal conclusión es que las restricciones y la regulación directa son las herramientas más efectivas e inmediatas en episodios de sequía grave. Las limitaciones obligatorias del riego exterior reducen el consumo alrededor de un 13%, mientras que las voluntarias se quedan en un 8,5%.
En Cataluña, la declaración de fases de sequía entre 2021 y 2024 comportó reducciones del consumo de entre el 1,5% y el 4%. El estudio también destaca que el control automatizado mediante contadores inteligentes puede ser muy efectivo para reducir el consumo, aunque puede multiplicar las quejas ciudadanas si se percibe como una herramienta demasiado punitiva.
Las tarifas por tramos crecientes y los recargos por sequía funcionan, según el documento, cuando los umbrales están bien definidos y afectan de manera real a los consumos más elevados. La individualización de los contadores, es decir, el paso de sistemas comunitarios a contadores individuales, permite reducciones de entre el 14% y el 20%. En paralelo, las herramientas conductuales, como la comparación social o los informes de consumo en el hogar, añaden descensos de entre el 1,5% y el 6%.
Riego agrícola: el precio del agua marca diferencias
En el ámbito del riego agrícola, el estudio señala que introducir un precio volumétrico —es decir, pagar por metro cúbico consumido en lugar de aplicar una tarifa plana— puede reducir el consumo por hectárea entre un 50% y un 56%, sobre todo en el riego por surcos y en cultivos forrajeros.
En cambio, la modernización del riego y la incorporación de más tecnología no garantizan por sí solas una reducción neta del agua utilizada. Si esta mejora no va acompañada de un precio marginal positivo o de reglas claras, el informe advierte que puede aparecer un efecto rebote, con intensificación de cultivos o ampliación de la superficie regada, sin que disminuya la extracción total a escala de cuenca.
Hoteles y otros usos no domésticos
En cuanto al sector hotelero y otros usos no domésticos, el informe ha examinado cuatro estudios previos. En el caso de los hoteles, como el de Mallorca, el aumento del precio del agua tiene un impacto prácticamente nulo, porque este recurso representa menos del 4% de los costes operativos y la señal de precio no llega directamente al huésped.
Por el contrario, las medidas de eficiencia interna —como la reutilización de aguas, el cambio de equipamientos y la aplicación de protocolos— se asocian a un consumo un 15,4% inferior. El estudio también constata que los avisos a los clientes para que consuman menos agua pueden tener efecto.
Una estrategia combinada y adaptada al territorio
El documento defiende que las campañas o los mensajes voluntarios tienen un alcance limitado si no forman parte de un paquete más amplio que incluya restricciones claras, incentivos económicos y control del cumplimiento. También remarca la necesidad de una diferenciación territorial, con estrategias adaptadas a la realidad de las cuencas internas, donde domina la demanda urbana, y de la cuenca del Ebro, donde pesa más la demanda agrícola.
En este contexto, el director general de regadíos, Xavier Gispert, ha recordado que el regadío aumenta de tres a cinco veces la producción agrícola y ha añadido que, si se ampliara el regadío, el peso del sector agroalimentario en el PIB catalán pasaría del 20% al 35%. Aun así, ha señalado que el 66% de la superficie agrícola es de secano y que, en las últimas décadas, se han perdido 70.000 hectáreas en beneficio de los bosques y de otros usos, como la urbanización, los polígonos industriales o la instalación de centrales de energía renovable.
