El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha defendido este miércoles que el proyecto de las cuentas de su departamento representa una apuesta clara por la descongestión, el refuerzo estructural y una inyección importante de recursos. La propuesta presupuestaria se eleva hasta los 1.392 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2023, es decir, 254 millones más.
Esta cifra ha sido explicada durante su intervención en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha resaltado que los acuerdos pactados con ERC y los Comunes mantienen las líneas estratégicas iniciales presentadas por el gobierno en febrero, pero refuerzan las prioridades.
Refuerzo y agilidad en la administración judicial
En cuanto a la administración de justicia, Espadaler ha señalado que "el objetivo es la descongestión del sistema judicial para que sea más ágil, eficiente y preparada para culminar las transformaciones organizativas y digitales que hay en marcha". Además, ha destacado el compromiso con la mejora de la capacidad de respuesta global del sistema, impulsando la modernización tecnológica y la adecuación de infraestructuras.
Se ha puesto especial énfasis en el despliegue inminente de la ley de eficiencia judicial como uno de los retos principales de esta legislatura.
Nuevas plazas para jueces y personal administrativo
Dentro de este marco, el conseller ha reivindicado los 40 millones de euros previstos hasta 2030 para dotar las 181 nuevas plazas de jueces, acordadas con el Estado español. De estas plazas, 91 se crearán este mismo año. Con esta ampliación, se llegará a un total de 962 jueces, alcanzando una ratio aproximada de 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes. Espadaler también ha indicado que esto permitirá incrementar en un 10,4% los casos resueltos.
Además de los jueces, se prevé aumentar hasta 468 las plazas fiscales disponibles. También se incorporarán 175 nuevos profesionales dentro de la administración judicial, contribuyendo así a desalojar cargas pendientes.
Más inversiones en infraestructuras judiciales y penitenciarias
La apuesta inversora también contempla mejoras significativas en las infraestructuras: "Son actuaciones pensadas para mejorar el servicio público, ofrecer una mejor atención ciudadana y garantizar condiciones óptimas a los trabajadores", ha afirmado Espadaler.
Sistema penitenciario seguro e inclusivo
Dentro del ámbito penitenciario, el conseller subraya que "el objetivo es disponer de un sistema basado en la seguridad y convivencia" con unas prisiones consideradas "más seguras e inclusivas". El modelo quiere potenciar claramente "el papel rehabilitador", promoviendo programas orientados a la formación profesional, reinserción social y recuperación de los internos.
Así mismo, se impulsarán medidas alternativas a las penas privativas de libertad. En relación con la justicia juvenil se ha mantenido una apuesta clara por adoptar una "perspectiva educativa" en todas las acciones vinculadas.
Por otro lado, Espadaler defiende también un nuevo modelo formativo destinado al cuerpo técnico especializado de los servicios penitenciarios con el objetivo de "reforzar tanto la profesionalización como la especialización" de los equipos encargados de esta tarea.
Memoria democrática: impulso económico y proyectos nuevos
En cuanto al campo de la memoria democrática, el conseller asegura que habrá un impulso notable gracias a un incremento presupuestario hasta los 2,7 millones de euros destinados al Memorial Democràtic. Entre los planes previstos destaca un nuevo programa sobre fosas comunes para el período 2026-2028 después del cierre reciente del plan vigente.
Así mismo se ha añadido una línea nueva dotada con unos 600.000 euros a entidades sociales y ayuntamientos para fomentar proyectos vinculados a esta materia. En cuanto a los asuntos religiosos ha remarcado como esencial priorizar siempre "el diálogo y la convivencia" entre diferentes colectivos.
Lengua catalana dentro de la ejecución penal y formación jurídica
El uso del catalán también recibe atención específica dentro de estas políticas públicas. En ejecución penal se desplegará "un plan de acción específico dedicado al fomento lingüístico", incluyendo "la implantación progresiva" de los referentes lingüísticos en los centros penitenciarios así como campañas dirigidas tanto a los profesionales como a los internos.
Por otro lado respecto a los colectivos jurídicos —jueces y fiscales— Espadaler recuerda "los convenios firmados previamente" orientados hacia "la formación continuada" destinada a consolidar el uso social del catalán tanto dentro de Cataluña como fuera del territorio estatal.
