El PP y el PSOE se han votado mutuamente este jueves hasta seis enmiendas a la proposición de ley (PL) de multirreincidencia que han pactado respectivamente con Junts, formación que ha impulsado esta modificación que, entre otras cosas, prevé endurecer el Código Penal para combatir la reiteración delictiva. Finalmente, los de Míriam Nogueras han conseguido aprobar cuatro enmiendas transaccionadas con los socialistas y dos con los populares. Fuentes parlamentarias prevén que el dictamen acordado hoy se eleve a comisión la próxima semana y que la ley se deje lista para votarse en un pleno en el mes de febrero. Formaciones como el PNB han mostrado su predisposición a aprobar la reforma, mientras que EH Bildu o Podemos la han rechazado.
El acercamiento entre el PSOE, el PP y Junts en materia de multirreincidencia llega después de que a finales de octubre —justo tras la ruptura con el gobierno español anunciada por los de Carles Puigdemont— Pedro Sánchez se comprometiera a tramitar la proposición de esta iniciativa. De hecho, el texto estaba bloqueado en el Congreso desde hacía un año porque PSOE y Sumar habían ampliado en 14 ocasiones el periodo de enmiendas y el proceso estaba pendiente del informe de la ponencia. Antes de su ruptura, Junts había pedido infructuosamente a los socialistas que descongelaran la tramitación tanto de esta norma como de otra iniciativa contra las ocupaciones.
“No tenga ninguna duda de que el gobierno y el PSOE están dispuestos a tramitar esta iniciativa legislativa y a culminar lo que pueda hacerse desde el poder legislativo para afrontar uno de los principales problemas que tiene este país cuando hablamos de seguridad, que es la multirreincidencia”, dijo el mismo presidente en una respuesta al PNV durante una sesión de control en octubre. Además, afirmó que su gobierno se toma “muy en serio la seguridad” y que entre 2018 y 2025 ha aumentado la inversión en este ámbito un 30%.
El texto de la propuesta
La proposición de ley de Junts plantea medidas para que se pueda aplicar la anterior modificación de 2022 de los artículos 234 y 235 del Código Penal para introducir el agravante de multirreincidencia, de manera que los hurtos de menos de 400 euros (que antes no comportaban prisión) puedan ser castigados con penas de 1 a 3 años en caso de que el delincuente haya sido condenado al menos tres veces por delitos similares.
En este sentido, modifica la regulación del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia en relación con la información de sentencias firmes y medidas cautelares. Se trata de que el expediente recoja no solo los hechos delictivos anteriores, sino también su importe. Hasta ahora, el importe no aparecía y nunca entraba en juego la modificación de 2022. También incluye una nueva tipificación para castigar más severamente el robo de dispositivos tecnológicos. En concreto, propone modificar el artículo 235 del Código Penal para imponer penas de 1 a 3 años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores.
Finalmente, la propuesta plantea un aumento del número de jueces de adscripción territorial en Cataluña, que pasarían de 35 a 70, y abre la puerta a que los ayuntamientos puedan intervenir en procesos penales relacionados con delitos leves como el hurto, un cambio que tiene como objetivo una respuesta más rápida y efectiva ante la multirreincidencia.
Los acuerdos
Según han apuntado fuentes parlamentarias, entre los acuerdos cerrados en la reunión de este jueves se encuentra que, en los casos en que se esté investigando un delito y con el objetivo de proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, se pueda imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia, otra entidad local o comunidad autónoma.
También se ha acordado que la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento o suministro con “temeridad manifiesta” de cualquier combustible líquido contraviniendo las leyes se castigue con una pena de prisión de uno a cinco años. Asimismo, se prevé endurecer las condenas para aquellas personas que hayan sido condenadas al menos por tres delitos de la misma naturaleza, siendo al menos uno de estos un delito leve.
Por otro lado, se propone que, en el caso de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de otra tecnología de comunicación, el juzgado pueda acordar la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción de los servicios que ofrezcan estos contenidos o el bloqueo cuando estos servicios radiquen en el extranjero.
