El Gobierno español inició los trámites para estudiar las diferentes posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autopistas del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
En este sentido, el plan se ha adelantado en el País Vasco, que ya cuenta con peajes en la A-636 entre Beasain y Bergara. Se trata de la primera autopista de pago y la primera en emplear el sistema conocido como 'free-flow' o sistema de pago de arcos.
La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
El mes de junio pasado, la ministra de este ámbito, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para empezar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.
De este modo, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.
