El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno aprobará este martes un primer paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra de Oriente Medio sobre Cataluña.
El plan incluirá un total de 40 medidas que combinarán ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación con el objetivo de proteger tanto a las familias como al tejido productivo. Según ha detallado Illa, los sectores más afectados —como el transporte, la agricultura y la pesca— serán prioritarios en el reparto de los recursos.
El presidente ha avanzado que este paquete “será ampliado según la evolución del conflicto” y ha remarcado que las ayudas a empresas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. También ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que no intenten sacar “rédito político” de la situación.
Proteger el poder adquisitivo
El jefe del ejecutivo ha subrayado que el objetivo principal del plan es “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” ante el aumento de los costes energéticos y de los productos básicos, así como garantizar la continuidad de la actividad económica.
En este sentido, el paquete incluirá medidas específicas para ayudar a los hogares vulnerables a afrontar gastos esenciales como la alimentación y los suministros energéticos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.
Respuesta coordinada con Europa
Illa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una respuesta más amplia coordinada con el gobierno español y la Unión Europea. El presidente ha defendido que “la mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación” y ha valorado positivamente la reacción europea en defensa de la paz y del derecho internacional.
Según Illa, la fortaleza del modelo europeo radica en la solidaridad y la cooperación entre estados, especialmente en contextos de crisis como la actual.
Llamada a la responsabilidad
Finalmente, el presidente ha insistido en la necesidad de que las administraciones intervengan en situaciones excepcionales para garantizar los derechos de la ciudadanía y estabilizar la economía. En paralelo, ha hecho un llamamiento a la “unidad, responsabilidad y consenso” de los actores políticos, económicos y sociales.
En esta línea, también ha apelado a las grandes empresas y al sistema financiero para que actúen con responsabilidad y eviten “beneficios extraordinarios” en un contexto de crisis.