El aumento de suicidios en las prisiones catalanas en los últimos tiempos, especialmente los de mujeres y los de presos en régimen cerrado, preocupa a la Conselleria de Justícia y a entidades de derechos humanos. La media de suicidios en los últimos años era de 7 u 8 casos anuales de entre 8.300 reclusos. Pero en el último año y medio se observa un "preocupante y alarmante" incremento, según Justícia, que admite que tiene que ver con la situación de la pandemia covid-19 y el consecuente aislamiento de los internos dentro de los centros y la restricción de salidas y visitas. En 2019 hubo siete muertes por suicidios, en 2020 hubo once, y este 2021 ya ha habido ocho, dos por parte de mujeres y dos en régimen cerrado. Esto ha hecho pensar en nuevas medidas para reducir estas cifras.
Según datos a los que ha tenido acceso la ACN, de los siete suicidios de 2019, cuatro fueron en Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT), donde van a parar los presos sancionados o los clasificados en primer grado por su peligrosidad. De estos cuatro, dos fueron en el DERT de Brians 1, uno en el de Quatre Camins y el cuarto en la prisión de Joves, en la Roca del Vallès. En 2020 hubo once muertes por suicidio, cuatro de los cuales en aislamiento: tres en Brians 1 y uno en la prisión de Joves. Finalmente, este 2021 ha habido de momento ocho suicidios, incluyendo los tres de las últimas semanas. Dos de los suicidios han sido en régimen cerrado: uno en Brians 1, la joven de 19 años de hace unos días, y el otro en la prisión de Mas d'Enric en El Catllar (Tarragonès).
De estos suicidios en prisiones catalanas, en 2019 todos fueron de hombres, en 2020 sólo hubo una mujer, que no estaba en el DERT, y este 2021 ya se han suicidado dos mujeres, una de las cuales la joven del DERT de Brians 1. Las mujeres representan el 7% de la población reclusa y en general los suicidios en la prisión seguían una proporción similar, aunque este 2021 ha aumentado, aunque al ser cifras pequeñas cuesta extraer conclusiones. En la población general los intentos de suicidio son más numerosos en mujeres, pero la mortalidad en suicidios es tres veces más alta en hombres, porque suelen utilizar métodos más letales.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dicho esta semana en el Parlament que se investigarán las muertes por suicidio caso a caso, intentando extraer conclusiones y posibles aprendizajes para tener más herramientas de prevención en el futuro. De hecho, la misma Ciuró admitió que la última joven que se suicidó hace unos días en Brians 1, seguramente no debería haber estado en la prisión sino tratada psiquiátricamente en otro tipo de centro. Entidades como Irídia, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB o la Associació de Familiars de Presos de Catalunya también han pedido una revisión del modelo de aislamiento y reclusión estricta de algunos presos, investigaciones exhaustivas y mejoras de los protocolos. También los sindicatos de funcionarios de prisiones admiten que algunas condiciones de vida de los presos no favorecen la salud mental.
Los estudios sobre la población penitenciaria indican la existencia de una tasa de suicidios ocho veces mayor en los centros penitenciarios que en la población general. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la privación de libertad es una situación estresante extrema, y que además, entre la población reclusa, el volumen de personas con problemas de consumo de drogas, problemas de salud mental y experiencias traumáticas, también es obviamente muy superior. De hecho, el 60% de los internos tienen algún problema de salud mental, trastorno o enfermedad, y que puede ir asociado a otros problemas, sobre todo drogodependencias. El 40% de los reclusos se medica por alguno de estos problemas mentales.
El perfil general de los internos con problemas de salud mental era, antes de la pandemia, un hombre de entre 30 y 40 años, con trastorno de ansiedad o de la personalidad, depresión o esquizofrenia. La mitad de los casos están vinculados al abuso de drogas como el cannabis, la cocaína o la heroína. Son pacientes que a menudo hacen un mal uso de los fármacos y muestran resistencia para seguir el tratamiento que prescriben los médicos. Los casos más graves afectan alrededor del 2% de la población penitenciaria y requieren la hospitalización de los internos, que pueden estar ingresados entre diez días y dos años, en función del tipo de patología y su evolución.
Según las últimas Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa (SPACE), con datos de 2019, por tanto antes de la covid, la tasa de suicidios por cada 10.000 internos es de 7,2 en Catalunya, bastante por debajo de los 8,6 del resto del estado español, y también mejores que países como Portugal (8,6), Italia (8,7), Alemania (9,1), Inglaterra y Gales (10,1), Francia (17), Noruega (19) o Dinamarca (21,7). De los países de la Unión Europea, sólo Polonia, con 2,7, y Finlandia, Grecia y Hungría, con 3,6, tienen tasas de suicidios inferiores a la catalana. De hecho, la media del Consejo de Europa está en 25,1, pero la mediana, el valor central de la cincuentena de territorios analizados, es de 5,2.
Suicidios en los DERT
La proporción de casos de suicidio en situación de régimen cerrado o cumplimiento de sanción de aislamiento se ha mantenido estable a lo largo de los años, y los motivos tienen que ver con las características altamente restrictivas de la situación y el estado emocional y cognitivo que suelen presentar las personas internas a las que hay que aplicar este régimen. No obstante, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) regula las condiciones en las que a una persona se le puede aplicar el aislamiento. En todos los casos, los profesionales de los servicios sanitarios deben autorizar explícitamente este aislamiento, valorando si existen razones sanitarias que hagan que la persona no esté en condiciones de cumplirlo.
En cuanto a la aplicación del régimen de vida cerrado, la LOGP dispone que las personas que deben cumplir la pena en un régimen cerrado por su peligrosidad extrema o inadaptación a los regímenes ordinario o abierto, no deben presentar ningún tipo de anomalía o deficiencia que impida el cumplimiento en este régimen de vida especial. En este sentido, si desde el estudio de la personalidad del sujeto o del estado de salud físico o mental se desaconseja la aplicación de este régimen de vida, no se aplicaría o se suspendería inmediatamente.
En enero de este año se ha creado un grupo de trabajo para la prevención del suicidio en los DERT y los departamentos de sancionados, consensuando una serie de actuaciones coordinadas entre todos los colectivos profesionales intervinientes, que se están implementando. Así, se toman medidas para reducir o suspender la aplicación del régimen cerrado o las sanciones de aislamiento, en los casos en que se detecte inestabilidad emocional grave, patología mental en fase aguda, programa de prevención de suicidio activado, enfermedad orgánica grave, discapacidades intelectuales, déficits funcionales, casos especialmente vulnerables, o cualquier otro caso argumentado por los servicios sanitarios o a propuesta de los equipos multidisciplinares.
Por otra parte, la circular 2/2017 del Régimen Cerrado, muy criticada por los sindicatos por considerarla demasiado laxa, dice sobre los criterios de aplicación del régimen cerrado: "Siempre que el equipo multidisciplinar detecte indicios de problemática psiquiátrica, se pedirá valoración a los servicios médicos para conocer si la conducta está directamente relacionada con un trastorno mental grave que requiere tratamiento psiquiátrico en una unidad especializada".
En cuanto a medidas ambientales a garantizar en estos departamentos, se está estudiando la introducción de cambios estructurales que permitan imposibilitar el acceso a estructuras físicas que permitan el ahorcamiento, aumentar la ventilación y la luminosidad en las celdas, uso de sábanas de papel, retirada sistemática de objetos peligrosos o mejoras de acondicionamiento, entre otros. Las medidas de intervención en estas unidades consisten en la dotación de equipos multidisciplinares completos que atiendan de manera intensiva e integral a estas personas, priorización para que todas las actividades lúdicas, de rehabilitación, formativas, deportivas, y de convivencia se hagan en grupo, favorecer las comunicaciones familiares (especialmente las telefónicas y telemáticas), ofrecer una atención de acogida urgente, facilitar el acceso a estímulos externos en el espacio de la celda (música, televisión, libros), acortar los plazos de aplicación de este régimen según las indicaciones de la circular que lo regula, y proporcionar a los internos expectativas de futuro (realistas y acompañadas) a la hora de darles un apoyo emocional efectivo.
Además, con el fin de dar cumplimiento a la mencionada circular, la comisión técnica de seguimiento de salud mental ambulatoria, formada por representantes de los servicios penitenciarios, los servicios de atención primaria y los servicios de salud mental, acordó actuaciones para atender a las personas que se encuentran en situación de aislamiento prolongado. Entre otras acciones se protocoliza una visita inicial de acogida y evaluación por parte de los servicios de atención primaria a las 24 horas siguientes del inicio, visitas periódicas especializadas (mínimas una al mes) y programación de la intervención si procede. El reglamento penitenciario establece que los servicios médicos del centro deben programar visitas periódicas y deben informar al director sobre el estado de salud de los presos en aislamiento.
Medidas preventivas
Las actuaciones de los servicios penitenciarios pretenden disminuir la mortalidad por suicidio, aumentar la supervivencia de los reclusos atendidos por conducta suicida y prevenir la repetición de nuevos intentos de autolisis.
El 1 de junio de 2019 entró en vigor la primera versión del programa de prevención de suicidios, que se activó en 789 ocasiones para 620 internos diferentes. El 3 de mayo pasado entró en vigor la segunda versión del programa que ha unificado los criterios de activación y de valoración de riesgo. Desde entonces se ha activado para 168 internos diferentes.
El 8 de junio pasado se introdujo y generalizó en todos los centros el procedimiento de medidas de protección personales a aplicar en los casos de internos que ponen en peligro su integridad física y que no son detectados por los programas de prevención de suicidios ya que no cumplen los criterios de inclusión. A menudo se consideran conductas manipulativas, instrumentales o usadas a modo de presión y para llamar la atención sobre alguna necesidad o deseo particular. Este procedimiento da pautas a las direcciones de los centros para tomar medidas para prevenir y atender estas situaciones.
Se reforzará la prevención general y la individualizada dentro de los programas de intervención. También se trabajará la prevención de recaídas con programas como N'Viu y STEPPS, orientado a personas con conductas autolesivas diversas aunque no sean intentos de suicidio. Por último, se reforzará el análisis de los suicidios para prevenir otras muertes, con traspaso de información e introduciendo la figura de los internos de apoyo.
En 2017 se ampliaron un 60% los equipos de salud mental permanentes en las prisiones y los centros de justicia juvenil, con psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras especializadas en salud mental y terapeutas ocupacionales, y llegando a los 285 profesionales: 66 enfermeras, 18 psicólogos clínicos y 29 psiquiatras, entre otros. También se ampliaron las camas, pasando de 136 a 209, para los casos más graves, sobre todo en la unidad hospitalaria psiquiátrica penitenciaria de Brians 1, gestionada por profesionales del Hospital Sant Joan de Déu y con urgencias las 24 horas del día. Brians 2 y Quatre Camins también disponen de camas de rehabilitación y para larga duración. Estas unidades atienden a condenados penalmente pero también a las personas inimputables penalmente a causa de su enfermedad mental que han sido condenadas a internamiento psiquiátrico por haber cometido algún delito. Los adolescentes son tratados en la unidad terapéutica del Centre Educatiu Els Til·lers, en Mollet del Vallès.
