La guerra en Oriente Medio está provocando un fuerte aumento de los costes de producción agraria en Cataluña, especialmente en lo que respecta al gasóleo agrícola, la energía y los fertilizantes, en un momento de gran consumo por parte del sector. Las organizaciones agrarias alertan de que la situación puede abocar a muchos agricultores a otro año de pérdidas y reclaman medidas urgentes a las administraciones.
“Los costos son inasumibles y nos abocan a otro año de pérdidas considerables”, lamenta a la ACN el jefe sectorial de cereales de JARC, Vicenç Pascual. El sector del cereal es uno de los que prevé sufrir más el impacto de la crisis, en una campaña que ya está condicionada por las lluvias, que mantienen algunos campos impracticables.
Según denuncia el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, desde el estallido del conflicto los precios de los fertilizantes han aumentado un 40% y el gasóleo agrícola se ha encarecido más de un 30%. Esta situación llega en un momento clave para muchos cultivos herbáceos, cereales y frutales.
El cereal, especialmente afectado
La situación es especialmente delicada para el cereal, que se encuentra en plena campaña de abono. El precio de la tonelada de urea, un fertilizante nitrogenado muy utilizado, ya supera los 650 euros, cuando en diciembre costaba unos 450 euros.
“Estos 200 euros de más por tonelada equivalen a 1.000 kilos de grano y, si antes los números ya eran justos, ahora ya vamos directamente a pérdidas”, advierte Pascual.
Este encarecimiento se explica, en parte, por la paralización de una parte de la actividad de grandes plantas de urea en países como Qatar e Irán, que concentran cerca de una cuarta parte de la producción mundial. A esto se suma el cierre del estrecho de Ormuz, que está tensionando aún más el mercado. “Hay una subasta a ver quién paga más por el poco producto que hay”, resume Pascual.
Algunos agricultores se plantean no sembrar maíz
Ante este escenario de incertidumbre, algunos agricultores de zonas de regadío que van más atrasadas se plantean no sembrar maíz y dejar los campos en barbecho para evitar pérdidas.
“Con la incertidumbre que hay, no te la puedes jugar”, reconoce Pascual, quien también reclama cambios en la normativa de deyecciones para reducir la dependencia de fertilizantes externos.
Las organizaciones agrarias también denuncian una posible especulación con el precio del gasoil, esencial para el funcionamiento de tractores y maquinaria agrícola. “No puede ser que un gasoil que ya teníamos aquí y que nos están sirviendo ahora suba tanto para que nos repercutan el precio de un carburante a futuro”, critica el responsable de JARC.
El sector reclama medidas urgentes
Ante la escalada de costes, Unió de Pagesos, JARC y Asaja reclaman medidas inmediatas a las administraciones. Entre las principales demandas hay una rebaja del IVA sobre el gasóleo profesional agrario para reducir el impacto del encarecimiento del combustible.
El responsable de Fiscalidad de Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, alerta que el contexto es “muy volátil” y advierte que la crisis podría “enquistarse”, tal como pasó con el encarecimiento de la energía a raíz de la guerra de Ucrania.
En cuanto a los fertilizantes, JARC pide suspender temporalmente el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), que aplica la Unión Europea y que impone un arancel de entre 30 y 40 euros por tonelada a las importaciones para equiparar los costes de CO₂ con la producción europea. Asaja, por su parte, reclama al Estado que busque una solución negociada con los principales países productores.
El impacto llegará a la cesta de la compra
El sector también advierte que el aumento de los costes acabará repercutiendo en los consumidores. Las organizaciones agrarias reclaman que se haga cumplir la Ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender por debajo del coste de producción pero que, según denuncian, a menudo no se aplica de manera efectiva.
Unió de Pagesos pide a los observatorios alimentarios que actualicen los costes de producción de los diferentes sectores para garantizar que los agricultores reciban un precio justo.
Según explica Roqué, solo con los sobrecostos acumulados este 2026 producir un kilo de fruta ya es entre 12 y 13 céntimos más caro. Por eso, considera que a los agricultores se les debería pagar como mínimo entre 65 y 70 céntimos por kilo para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
