El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha exigido a la administración que actúe ante los casos de discriminación lingüística en el comercio. "Los ciudadanos deben ser más activos y usar la lengua, pero no los podemos obligar. A las administraciones sí que les debemos exigir que hagan cumplir la ley", ha indicado Escuder en Catalunya Ràdio, donde se ha referido al caso concreto de una heladería en el barrio de Gràcia de Barcelona donde un trabajador "actúa de mala fe contra el catalán" en un ejemplo, ha dicho, de "catalanofobia". "Aquí las administraciones tienen una responsabilidad", ha remachado. Plataforma per la Llengua realizó en abril una campaña de recogida de situaciones como esta en el comercio y en 15 días recogió más de 450 casos.
Escuder ha remarcado que su entidad abrió un servicio de recogida de quejas por discriminación lingüística en 2013, y recogió un centenar. En 2020 ya eran más de 1.300, y en 2022, más de 2.100. El año pasado se registraron más de 2.800, y este año se pasará de las 3.000. El presidente de Plataforma per la Llengua ha argumentado que la situación no ha variado como para que las quejas se hayan multiplicado por 30, pero ha constatado que "probablemente hay más concienciación de los ciudadanos" y se conozca más la entidad. En todo caso, lo que ha diagnosticado es que la situación no ha mejorado.
"No somos lingüísticamente un país normal", ha concluido Escuder, que ha hecho énfasis en las dos vertientes: el mismo comportamiento de los ciudadanos, "que muchas veces renuncian sin ninguna necesidad a usar la lengua", y la actitud de la administración, que es una "gran incumplidora" y que "no hace cumplir" la legislación.