El Parlamento ha aprobado la ley de protección de la agricultura profesional directa, una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que se ha abstenido. El texto busca reforzar las explotaciones gestionadas directamente por agricultores profesionales y que no superen la dimensión de pequeña empresa.
Una norma para situar el campesinado profesional en el centro
La ley define los requisitos para que estas explotaciones puedan tener esta consideración, tanto si son de titularidad de personas físicas como de personas jurídicas. Además, establece que sean destinatarias prioritarias de las políticas y los programas públicos y que disfruten de un tratamiento fiscal favorable.
Entre las medidas previstas, el texto fija un trato preferente en la adjudicación de superficie agraria pública, en los seguros agrarios subvencionados, en la formación y en las ayudas para mejorar las estructuras de producción o para incorporar jóvenes al sector. También incluye las políticas de fomento de la innovación, la digitalización, la diversificación de actividades y la adaptación al cambio climático.
Además, la proposición da preferencia a las explotaciones en las que la mayor parte de la participación y la gestión o dirección correspondan a jóvenes o a mujeres, con una prioridad específica para las mujeres jóvenes.
Los grupos reivindican el acuerdo, pero piden desplegar la norma
Durante el debate parlamentario, el diputado del PSC, Manel Ezquerra, ha celebrado el acuerdo y ha remarcado que demuestra que "por encima de las diferencias ideológicas hay cuestiones de país", como la defensa del campesinado. "Tiene un valor enorme", ha insistido, y ha añadido que esto evidencia "otra manera de hacer política" lejos del "ruido".
Por parte de Junts, la diputada Jeannine Abella, ha reclamado al Govern que "haga el trabajo" y "defienda la filosofía de la ley". También ha pedido que, cuando se fijen los requisitos de la PAC en el Estado, se defiendan los intereses de Cataluña y que Cataluña "pague a los campesinos cuando toca", después de denunciar retrasos. "Son los últimos en cobrar y la situación no es como para que hagan de banco del Govern", ha añadido.
La diputada de ERC, Montse Bergés, ha valorado positivamente las "medidas estructurales" que incorpora la ley, pero ha advertido que "queda mucho trabajo por hacer". "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el campesinado, como sector estratégico y esencial de Cataluña, tenga garantizada la viabilidad, que ahora mismo está en riesgo", ha afirmado.
El diputado del PPC, Jaume Veray, ha defendido la iniciativa y ha explicado que se ha sumado a ella porque comparten el objetivo de "defender el futuro del sector primario". En esta línea, ha subrayado que no la votan "porque la presente quien la presenta", sino por lo que puede aportar al sector. También ha remarcado que protege a los agricultores, que son "quienes asumen riesgos, toman decisiones y viven del trabajo del campo".
La diputada de los Comuns, Núria Lozano, ha celebrado la iniciativa para dar herramientas y "perspectivas" a la agricultura, y ha agradecido el apoyo y el diálogo a Unió de Pagesos.
En el caso de la CUP, el diputado Dani Cornellà, ha exigido al Govern que aplique la ley aprobada. De hecho, ha dicho que confía en que la amplia mayoría de la cámara "no sirva para llenar más los cajones en la Generalitat", que ha criticado porque "están llenos de leyes aprobadas" pero no se despliegan.
Vox, que se ha abstenido en la votación, ha justificado su posición porque la ley es "demasiado genérica" y porque hace referencia en varias ocasiones al cambio climático. Según el diputado de la formación de extrema derecha Rafael Villafranca, el grupo parlamentario no apoya las "imposiciones ideológicas".
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