El Parlamento de Cataluña ha dado luz verde a una proposición de ley impulsada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), destinada a reforzar el mantenimiento de los equipamientos del servicio ferroviario de Cercanías. Esta normativa eleva considerablemente las sanciones contra quien provoque daños o alteraciones en la infraestructura, especialmente en casos como los grafitis, estableciendo multas que pueden llegar a los 900.000 euros por infracciones muy graves.
Sanciones más duras para frenar el incivismo
Ivana Martínez, diputada socialista y portavoz de esta iniciativa legislativa, ha destacado que “hace tiempo que constatamos que se pierden recursos públicos limpiando y arreglando infraestructuras ferroviarias estropeadas por el incivismo de unos pocos. Ante esto no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la factura aún sube. Hay que tener en cuenta que el dinero que se invierte para arreglar estos desperfectos son los que dejan de llegar a servicios públicos esenciales como hospitales, escuelas, etc”.
Esta reforma prevé un rango de sanciones que oscilan desde los 18.000 euros por infracciones leves hasta los máximos 900.000 euros cuando se trate de actuaciones muy graves, con el objetivo explícito de erradicar conductas incívicas que deterioran el patrimonio público vinculado al transporte ferroviario.
Datos económicos reveladores
En relación con la magnitud del problema, Martínez ha expuesto: “No hablamos de ningún tema menor. Pensad que -por poner un ejemplo- en el año 2023 la limpieza de grafitis en los trenes costó a Cataluña más de 11 millones de euros, unos 32.000 euros diarios, según datos oficiales”. Estas cifras evidencian la necesidad urgente de medidas contundentes.
Diferenciación entre arte y vandalismo
La eurodiputada socialista ha aclarado también: “No estamos hablando de perseguir expresiones artísticas, ni de limitar libertades. Estamos hablando de sancionar actos vandálicos que tienen un coste económico y social más que evidente”. Con esta precisión se quiere evitar confusiones respecto a qué tipo de actuaciones serán objeto de penalización.
Más allá del castigo: educación y reparación
Además del régimen sancionador, la proposición incorpora una perspectiva educativa y restauradora especialmente orientada a los menores implicados en estas acciones incívicas. Así pues, se priorizan alternativas como los trabajos en beneficio comunitario, programas formativos sobre sensibilización social o iniciativas destinadas a reparar los perjuicios ocasionados.
Ivana Martínez recalca: “Por tanto, no es una ley eminentemente punitiva, sino que busca también la reparación de los daños causados y la responsabilidad social de aquellos que cometen estos actos incívicos”. Esta apuesta pretende fomentar el compromiso ciudadano a la vez que castiga las conductas destructivas.
Proteger el patrimonio colectivo y mejorar el servicio ferroviario
Cerrando su intervención parlamentaria, la diputada tarraconense ha afirmado: “En definitiva, esta reforma busca defender el patrimonio público, garantizar un mejor servicio ferroviario y evitar que el conjunto de la ciudadanía continúe asumiendo los costes de conductas incívicas reiteradas”. Con este enfoque se pone énfasis en el impacto social positivo esperado después de aprobarse esta ley.