La Generalitat hará próximamente una prueba piloto con diversas tobilleras con GPS para controlar presos preventivos y poderles conceder más fácilmente la libertad provisional. Alrededor del 20% de los 8.000 presos de Cataluña son preventivos, es decir, que esperan juicio o condena.
El Departamento de Justicia ha aprobado una estrategia que incluye quince medidas para reducir el internamiento y fomentar el tercer grado o semilibertad, los permisos y salidas y la libertad condicional o provisional. El objetivo de la Generalitat a medio término es recuperar las cifras de antes de la pandemia, donde un 31,5% de los reclusos estaban en tercer grado o libertad condicional, cifra que ahora es del 25%.
En el caso de los extranjeros, aunque tienen penas medias de 4,8 años, inferiores a los 7 años de media de los condenados españoles, solo llegan al régimen abierto el 13,5% de los reclusos, frente al 21,5% de los españoles. Solo el 34,5% de los extranjeros disfrutan de permisos, frente al 61,4% de los españoles.
De los presos que salen de prisión, el 26% vuelve a delinquir si acaban la condena con régimen ordinario cerrado, mientras que solo lo hacen el 10% de los que acaban la pena en semilibertad. Esto viene reforzado por el hecho de que el 42% de los reclusos están en prisión provisional esperando juicio o cumpliendo penas inferiores a los dos años.
Por eso, una de las quince medidas es una prueba piloto en dos partidos judiciales aún por determinar para estudiar la implantación de estas tobilleras. Actualmente se ponen a los investigados o condenados por violencia machista o terrorismo. Ahora se quiere ampliar su uso a otros tipos de delito.
Justicia calcula que cada interno cuesta a la administración casi 200 euros cada día. Contando que hay unos 1.663 presos preventivos en la actualidad y que están en prisión una media de 169 días, unos cinco meses y medio, esto supone un coste global anual para la Generalitat de cerca de 55 millones de euros. El coste de las tobilleras electrónicas, su uso y funcionamiento es muy inferior.
Estas tobilleras son de plástico negro y se parecen a relojes inteligentes. Un funcionario la coloca en el tobillo del investigado con una herramienta que impide quitársela sin romperla. Emite una señal GPS que hace que se pueda configurar un área de donde no puede salir la persona vigilada o a la que no puede acercarse, como podría ser una víctima o una zona donde haya cometido el delito.
Si sale de este rango, la empresa que gestiona el sistema hace una llamada a un aparato similar a un móvil que la persona siempre debe llevar encima. Si no responde o se comprueba que se ha incumplido la medida, la central de seguridad avisa a los Mossos d'Esquadra.
