Los municipios catalanes ganan poder de inversión: así podrán gastar el superávit de 2024

El Gobierno español permitirá destinar el remanente a obras sostenibles sin que compute a la regla de gasto hasta 2027

02 de diciembre de 2025 a las 20:37h

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tendrán vía libre para utilizar el superávit generado en 2024 en inversiones financieramente sostenibles (IFS). Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros a través de un real decreto ley que flexibiliza el uso de los remanentes y que, además, da cumplimiento a los acuerdos pendientes entre el gobierno español y Junts per Catalunya.

La medida permitirá reforzar la prestación de servicios públicos esenciales y dar un impulso a la capacidad inversora de las administraciones. En la práctica, el dinero del superávit se podrá destinar a proyectos considerados sostenibles sin que cuenten en la regla de gasto de los años 2025, 2026 y 2027.

Para poder optar, los proyectos deberán estar iniciados antes del 31 de diciembre de 2026. Las actuaciones que no se puedan ejecutar totalmente antes de esta fecha se podrán comprometer al año siguiente, siempre que se financien con el remanente inmediatamente anterior y hasta el límite del superávit de 2024.

 

¿Qué inversiones podrán hacer los ayuntamientos?

Las entidades locales tendrán margen para invertir en ámbitos como:

  • Alcantarillado y redes de agua
  • Recogida de residuos
  • Alumbrado público y eficiencia energética
  • Infraestructuras de transporte
  • Centros docentes y equipamientos municipales
  • Servicios sociales y vivienda
  • Actuaciones en sectores productivos o recursos hidráulicos

 

¿Y las comunidades autónomas?

También podrán destinar el superávit a proyectos orientados a:

  • Lucha contra el cambio climático
  • Mejora de la eficiencia energética
  • Inversiones que reduzcan gastos recurrentes o generen ahorro en el futuro

Todo ello dentro de las competencias propias de cada territorio.

 

Requisitos para acceder

Para acogerse a esta flexibilidad, las administraciones deberán cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, según la normativa de morosidad.

Con esta decisión, el gobierno español quiere favorecer la inversión pública, dar margen a los ayuntamientos que han cerrado ejercicios en positivo y garantizar que el superávit se traduzca en mejoras tangibles para la ciudadanía.

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Eric Mendo
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