Los Mossos d'Esquadra han localizado cobre presuntamente robado en cinco de las 29 empresas de gestión de residuos metálicos inspeccionadas simultáneamente este jueves en toda Cataluña. En concreto, han recuperado 160 kilos de cable de catenaria en Figueres, 4,5 kilos de cable posiblemente procedente de Adif en Barcelona y 2.000 metros de cable de Adif en Lleida.
El dispositivo también ha comportado la denuncia de tres gestores de residuos de Benissanet, Igualada y Talarn por no tener la actividad habilitada. Además, los agentes han levantado 31 denuncias por irregularidades administrativas y medioambientales, en el marco del Plan Vía, que combate los robos de cobre en el conjunto de la cadena delictiva, desde los autores hasta los canales de recepción y comercialización del material sustraído.
El objetivo de las inspecciones es intensificar el control de las actividades que pueden facilitar la venta de cobre robado, especialmente el procedente de infraestructuras estratégicas y servicios esenciales, como la red ferroviaria.
Los gestores de residuos, aliados contra los robos
La jefa de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Gandesa, Letícia Tíscar Matheu, ha remarcado que el Plan Vía no pretende "criminalizar" a las empresas gestoras de residuos, sino que quiere que se conviertan en "aliadas" en la lucha contra el crimen organizado vinculado a los robos de cobre.
Durante las inspecciones, los agentes revisan la documentación administrativa y comprueban la procedencia del material que entra en los establecimientos. Para detectar posibles orígenes ilícitos, analizan diferentes indicadores y la trazabilidad del producto. Las empresas tienen la obligación de comunicar los registros y todas las entradas de material a sus instalaciones.
Los controles no se centran únicamente en el cobre de las infraestructuras ferroviarias, sino que también incluyen el procedente de redes de telecomunicaciones y otras instalaciones.
En el dispositivo de este jueves, aparte del material intervenido en Figueres, Barcelona y Lleida, también se han precintado 19 contenedores con cobre limpio. Adif reconoce que una parte de este material podría ser de su propiedad.
Denuncias administrativas y medioambientales
En cuanto a las infracciones detectadas, se han interpuesto 16 denuncias por omisión de comunicaciones obligatorias o falta de datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015, y 15 por infracciones medioambientales. De estas últimas, diez las ha tramitado la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos y cinco, la Agencia Catalana de Residuos.
También se han levantado seis denuncias y varios requerimientos para comprobaciones documentales a cargo de la Inspección de Trabajo.
Las inspecciones han sido coordinadas por el Área Central de Policía Administrativa y las unidades regionales de este ámbito. Han participado efectivos de investigación y seguridad ciudadana, unidades de Medio Ambiente, técnicos de Adif, Inspección de Trabajo y la Agencia Catalana de Residuos. En total, se han desplegado cerca de 200 efectivos.
La selección de los establecimientos se ha hecho a partir de criterios policiales y de análisis de riesgo. Algunos ya habían registrado irregularidades administrativas o indicadores de interés policial, mientras que otros han sido objeto de controles preventivos sin antecedentes previos. Según los Mossos, la voluntad es obtener una visión transversal del sector, detectar nuevas dinámicas y reforzar la prevención.
45 detenidos en tres meses de Plan Vía
En los cuatro meses desde que se desplegó el Plan Vía, los Mossos han realizado cerca de 90 inspecciones a establecimientos de compraventa de residuos y se han reunido con 120 empresas gestoras para reforzar la colaboración y la prevención.
Según el balance policial, en tres meses han detenido a 45 personas, el doble que durante el mismo período del año anterior. Las actuaciones han comportado, como mínimo, dos ingresos en prisión y varias órdenes de alejamiento de la red ferroviaria para limitar la actividad de ladrones reincidentes.
Los Mossos relacionan el aumento de los robos de cobre con el incremento del valor del metal, la elevada demanda global y la facilidad para introducirlo en el mercado una vez sustraído. En este contexto, consideran que las empresas gestoras de residuos tienen un papel clave para dificultar su comercialización y reducir la rentabilidad de esta actividad delictiva.
El cuerpo policial destaca, sin embargo, que la inmensa mayoría de estas empresas trabajan dentro de la legalidad y colaboran con las investigaciones.
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