Antonio Miguel Grimal, de 47 años y natural de Barcelona, acumula 46 detenciones repitiendo siempre un mismo modus operandi: come lo que le apetece, pide la cuenta, asegura que no va a pagar y, si el hostelero opta por denunciarlo, espera a la patrulla con indiferencia. Así lo hace desde hace más de seis años con total impunidad, especialmente en establecimientos de Zaragoza.
En todos los casos, sin embargo, elige establecimientos de rango medio en los que una buena cena nunca supera el umbral de los 400 euros porque, si fuera así, el Código Penal ya prevé una pena de prisión de 6 a 18 meses. Y es que el castigo por un simpa de menos de esta cantidad es una multa, que varía en función de las capacidades económicas del infractor. Y aquí está la clave: Al disponer solo de una pensión no contributiva, Grimal esquiva todas las sanciones y, a lo sumo, sale del juicio rápido con una orden de alejamiento que le impide volver al establecimiento que ha estafado deliberadamente.
Según el Heraldo de Aragón, Grimal ingresó en prisión el 13 de marzo pasado después de cenar sin pagar en nueve restaurantes a lo largo de un mes. Pero no es habitual porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide aplicar el agravante de reincidencia en los delitos leves para evitar "penas desproporcionadas". En 2017, de hecho, la Fiscalía llegó a pedir tres años de prisión y una multa de 2.160 euros por haber cenado en un hotel con dos amigos (143,30 euros) y no pagar la cuenta. Pero la pena acabó siendo mucho más baja: 270 euros y la obligación de saldar la deuda de la cena. Grimal, por lo tanto, ha encontrado una especie de fallo en el sistema que, en la práctica, le permite seguir comiendo gratis casi con total impunidad. A principios de marzo, de hecho, lo primero que hizo al salir de prisión fue irse a cenar marcándose otro simpa.