El PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP han cerrado un acuerdo para reformar el Reglamento del Parlament e incorporar el Código de Conducta, con el objetivo de regular con más claridad las sanciones a los diputados que lo vulneren.
La reforma llega justo al día siguiente de que la Mesa del Parlament amonestara públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por haber infringido el Código de Conducta. Los grupos impulsores quieren que la cámara disponga de herramientas más sólidas para actuar ante "manifestaciones de discurso discriminatorio, ofensivo o incitador al odio".
El cambio normativo busca aclarar qué conductas pueden ser sancionadas, qué papel corresponde a la Mesa y cuál a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Además, incorporar el Código de Conducta directamente dentro del reglamento permitiría blindar mejor las decisiones del Parlament ante posibles recursos judiciales.
Amonestaciones y multas según la gravedad
La propuesta establece un régimen sancionador con tres niveles de infracción: leve, grave y muy grave. Las faltas leves comportarían una amonestación pública, mientras que las graves podrían implicar una amonestación y multas de entre 600 y 6.000 euros.
En los casos considerados muy graves, la sanción podría llegar hasta los 12.000 euros. Concretamente, se prevé una amonestación pública, una multa de entre 6.001 y 12.000 euros y, en su caso, la prohibición temporal de que el diputado forme parte de una delegación del Parlament en órganos interinstitucionales durante un máximo de un año.
Cambios en las expulsiones de las sesiones
La reforma también modifica los supuestos de expulsión de los diputados durante las sesiones parlamentarias. Si un parlamentario es llamado al orden por segunda vez, se le podrá advertir de que una tercera llamada podría comportar la expulsión de la sesión.
En caso de que se llegue a este punto, la situación se podría remitir a la Mesa para que la Comisión del Estatuto de los Diputados inicie el procedimiento correspondiente y valore si es necesario imponer una sanción.
El texto también elimina la posibilidad de que el diputado llamado al orden por tercera vez pueda justificarse al final de la sesión con autorización previa de la presidencia.
La Mesa decidirá y la Comisión estudiará cada caso
El nuevo esquema deja en manos de la Mesa del Parlament la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Código de Conducta y del reglamento. También le corresponderá adoptar las medidas necesarias cuando se detecten vulneraciones.
Por su parte, la Comisión del Estatuto de los Diputados deberá emitir un informe para determinar si un diputado ha vulnerado sus deberes. Este informe deberá incluir los hechos acreditados, la posible infracción y su calificación.
A la hora de analizar cada caso, la comisión deberá valorar elementos como el contexto en que se producen los hechos, la intencionalidad del diputado y si el lenguaje utilizado puede ser considerado ofensivo.
Una reforma marcada por los casos de Orriols y Garriga
El impulso de la reforma llega después de los expedientes abiertos a raíz de diversas intervenciones parlamentarias de Sílvia Orriols y Joan Garriga. La Mesa acordó amonestarlos públicamente, pero la decisión ha generado malestar entre algunos diputados, que consideran que el procedimiento no ha sido lo suficientemente claro.
Algunas fuentes parlamentarias apuntan que la resolución podría entrar en contradicción con otros casos anteriores, como el del diputado de Junts Francesc de Dalmases, que en 2022 fue sancionado con una multa de 600 euros y una amonestación pública por una infracción leve del Código de Conducta.
La reforma necesita mayoría absoluta para salir adelante. Con el apoyo de los cinco grupos que la han registrado, la aprobación estaría garantizada e incluso superaría con margen los votos necesarios.
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