La Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra hizo el año pasado el seguimiento de 175 posibles casos de radicalización violenta en el ámbito yihadista y de la ultraderecha, detectados gracias al trabajo que se realiza a través de los programas de prevención de extremismos violentos (PREV). El 84% de los casos estaban vinculados al yihadismo y un 10% a la ultraderecha. Los mecanismos de intervención recondujeron la situación y permitieron que en el 61,8% de los casos se detuviera un posible proceso de radicalización en los primeros 6 meses desde su detección. Un 22,7% más se revirtieron antes de un año desde su detección. Sólo un 15,5% de los expedientes se mantiene activo después de un año y se sigue interviniendo multidisciplinariamente.
Se comunicaron tres casos a la fiscalía, todos ellos en el marco del #PREV comunidad educativa. Dos de estas comunicaciones fueron únicamente a efecto de protección del menor y la otra consistió en una acción policial basada en el asesoramiento especializado.
En el caso más grave, un menor amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a un alumno del centro con un posible trasfondo ideológico, y el hecho se puso en conocimiento de Mossos para analizarlo ante la posibilidad de que se tratara de un proceso de radicalización violenta. También se intervino en un caso de interés desmesurado de un joven por las armas, o en otro caso de representaciones gráficas recurrentes de admiración por acciones terroristas en el marco de un relato de ideología extremista violenta. En todos los casos se compaginaron acciones de investigación tanto en el espacio físico como virtual, con otras iniciativas pedagógicas y asistenciales, con la incorporación gradual de profesionales y referentes según las necesidades en cada momento.
En el ámbito del #PREV ejecución penal, en el marco de cumplimientos de condena con medidas de libertad vigilada, durante el 2022 la Comisaría General de Información participó de dos proyectos multiagencia, con la participación de diferentes administraciones, que tenían por objetivo la desradicalización y la reinserción social de personas que justo recuperaban la libertad después de haber cumplido condena por delitos relacionados con una radicalización extremista violenta.
En cuanto a los mecanismos de intervención generados en los diferentes programas de prevención, se llevaron a cabo 72 intervenciones educativas básicas y doce medidas de intervención específicas propuestas por las Juntas Territoriales de Evaluación y Seguimiento (JTAS). Los Servicios Sociales y la DGAIA intervinieron en doce de estos casos detectados, a la vez que se propusieron tres acciones accesorias.
Las detecciones se produjeron en estadios incipientes y, con una intervención educativa o asistencial, los procesos de radicalización violenta no evolucionaron o no avanzaron hacia la violencia, pese a que detrás había una ideología que legitima la violencia como medio para alcanzar sus objetivos.
Todas las informaciones que llegaron se trabajaron y evaluaron de manera individualizada, por tanto, el enfoque se adaptó a las necesidades de cada caso. Las aproximaciones se realizaron, en función de cada situación, desde la vertiente educativa, policial, de derivación a servicios sociales o a la DGAIA, de acciones de intervención accesoria o, previendo sólo para los casos más graves, investigaciones judicializadas.
Ampliación de los ámbitos de actuación de los Programas de Prevención #PREV
Durante el 2022 los Mossos d'Esquadra añadieron nuevos ámbitos de colaboración institucional, entre los que se encuentra la protección de la infancia y la adolescencia, los Agentes Rurales y el ámbito asociativo y religioso, ámbitos que se añadieron a los ya existentes de la proximidad policial, la comunidad educativa o la ejecución penal. El objetivo es conseguir una amplia red de prevención de los extremismos violentos.
La policía catalana promovió un total de 232 jornadas de formación dirigidas a miembros del propio cuerpo, policías locales, trabajadores del ámbito penitenciario, agentes rurales, maestros, profesionales de protección de la infancia y la juventud, representantes de comunidades religiosas y trabajadores de servicios sociales. Se trata de explicar en qué consisten los procesos de radicalización violenta, qué riesgos suponen y cómo se pueden detectar y aplicar mecanismos de intervención caso por caso. En total, 5.094 profesionales de estos sectores recibieron esta formación de la mano de especialistas de la Comisaría General de Información conjuntamente con otros profesionales de los respectivos sectores implicados.
Los diferentes organismos de coordinación entre departamentos, es decir, las mesas centrales de trabajo y las Juntas Territoriales de Evaluación y Seguimiento, se han reunido hasta un total de 52 veces durante el 2022. Además, con la implementación de nuevas líneas de acción en el marco del #PREV se han constituido las Juntas Territoriales de Agentes Rurales y de Protección de la Infancia y Juventud. En estos órganos se coordinan y priorizan acciones y son el espacio principal de coordinación entre los diferentes profesionales.
Actualmente, la Comisaría General de Información tiene activos los siguientes protocolos de colaboración: ejecución penal, enmarcado en el sistema penitenciario y de justicia juvenil de Cataluña; comunidad educativa, para potenciar la prevención de los procesos de radicalización violenta en el entorno escolar; protección de la infancia y la juventud, para promover la tarea preventiva y poder identificar estos procesos de radicalización violenta en estadios incipientes en los menores que están bajo el amparo de la DGAIA; Agentes Rurales, para prevenir y detectar estas situaciones en el entorno rural; comunidades religiosas y tejido asociativo, para dar a conocer estas situaciones a los referentes de las comunidades religiosas y otras entidades sociales para que dispongan de información y afrontar coordinadamente el fenómeno desde la vertiente preventiva; servicios sociales, para promover la tarea preventiva en su ámbito de competencia; y la ciudadanía, para informar y sensibilizar a la población en general, en materia de prevención de la radicalización violenta y los extremismos violentos, así como para hacer un ejercicio de transparencia sobre la actividad en este ámbito.