La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha entrado en vigor tras su publicación este pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, excepto en lo que respecta a los dos nuevos impuestos de nueva creación, cuya aplicación se aplaza hasta el 1 de enero de 2023. Con esto, desde este mismo momento los establecimientos de hostelería deben ofrecer agua del grifo gratuita, como una de las medidas para reducir el uso de botellas de un solo uso y las tiendas deberán fomentar la compra a granel.
La norma fue publicada este sábado por el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente excepto en lo que respecta a las Medidas fiscales para incentivar la economía circular' estos dos nuevos impuestos: el de producción de plásticos de un solo uso y el de depósito de residuos en vertedero. La norma señala que su finalidad es reducir la generación de residuos y mejorar la gestión de los que no se pueden evitar.
El primero de los impuestos se aplicará sobre los envases de plástico no reutilizables y el segundo al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
El impuesto especial sobre plásticos será de naturaleza indirecta a todos los envases que sirvan para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos.
Así, afectará a todos los envases que se fabriquen importen o adquieran dentro de los Veintisiete y que contengan plástico no reutilizable incluidos sus cierres. Estos impuestos se gravarán con 0,45 euros por kilogramo.
No obstante, quedan excluidos de este impuesto las pinturas, tintas, lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar bienes o productos así como aquellos envases para contener, proteger, manipular, distribuir o presentar medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario, así como los rollos de plástico para ensilajes de uso agrícola y ganadero.
El segundo de los impuestos, al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, la Ley califica esta carga fiscal como un "instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclaje en materia de residuos.
Se trata de desincentivar esta práctica para contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la economía, como por ejemplo los reciclajes.
Por otro lado, para reducir el consumo de envases de un solo uso, las administraciones públicas fomentarán el consumo de agua potable con fuentes y envases reutilizables y los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer "siempre" a los consumidores o usuarios de sus servicios la posibilidad de beber agua no envasada del grifo de forma gratuita.
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 metros cuadrados o más deberán contar con, al menos, un 20 por ciento de su área a productos sin embalaje primario, con venta a granel o a través de envases reutilizables. Además, deberán aceptar envases reutilizables (bolsas, 'tuppers' o botellas) del buen estado de las cuales de higiene deberá responsabilizarse el usuario y en caso de no estarlo, el comerciante podrá rechazarlo.
La nueva Ley incluye la obligación de las entidades locales de establecer la recogida separada de al menos, papel, metales, plástico y vidrio; los biorresiduos (orgánica) antes del 30 de junio de este año en municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto; los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, igual que en el caso de los residuos de muebles y enseres.
Se permitirá un volumen de impropios en el caso de los biorresiduos de hasta el 20% desde este mismo 2022 y del 15% desde el 2027, aunque este porcentaje se podrá reducir por orden ministerial.
Así, incluye como objetivos de preparación para la reutilización, que al menos se destine a reciclaje el 50 por ciento de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduo; el 70% de los no peligrosos de construcción y demolición; en 2025 se tendrá preparar para reutilización y reciclado al menos el 55 por ciento de los municipales y un 60% en 2030 de los cuales, al menos, un 5 por ciento del textil, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, entre otros y un 10 por ciento en 2030.
Las botellas de plástico deberán alcanzar unos objetivos de reciclaje de al menos el 70 por ciento en 2023; del 77% en 2025; del 85 por ciento en 2027 y del 90 por ciento en 2029 respecto a lo introducido en el mercado.
En el caso de que estos objetivos no se alcancen en 2023 o 2027 a nivel nacional se podrá implantar en toda España un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029.
