Lleida ha presentado hoy una nueva ordenanza de civismo y convivencia que establece la prohibición de llevar el burka y cualquier prenda que cubra completamente el rostro en la vía pública y en las dependencias municipales. Se trata de una de las medidas más destacadas de la reforma de la normativa, que no se actualizaba desde 2007.
Según el gobierno municipal, la decisión se enmarca en la voluntad de reforzar el civismo y proteger los derechos de las mujeres. El consistorio argumenta que la medida quiere evitar situaciones de coacción o imposición a las mujeres en el uso de este tipo de vestimenta y garantizar que las personas puedan ser identificadas en el espacio público. Sin embargo, se prevén excepciones en espacios religiosos o contextos donde esta cobertura sea habitual y no vulnere derechos fundamentales.
La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha asegurado que la nueva ordenanza no pretende “aislar” a las mujeres que llevan el velo integral ni “generar ninguna brecha social”. En este sentido, ha remarcado que el texto irá acompañado de un plan de acciones socioeducativas con el objetivo de garantizar que todas las mujeres puedan tener autonomía real, vínculos sociales y acceso completo a los recursos públicos.
El incumplimiento de esta prohibición se considerará infracción leve y podrá conllevar sanciones de entre 400 y 750 euros. La propuesta se integrará dentro de un paquete más amplio de medidas sobre convivencia e incivismo que el gobierno municipal prevé llevar a aprobación al pleno del mes de junio.
Multas de hasta 3.000 euros por incivismo
La ordenanza establece un sistema sancionador dividido en tres niveles. Las infracciones leves, con multas de entre 400 y 750 euros, incluyen conductas como el botellón, acampar en la calle, ir desnudo o con la cara tapada y otros comportamientos incívicos en el espacio público.
Las infracciones graves, con sanciones de entre 751 y 1.500 euros, contemplan la reincidencia, el acoso, los insultos de odio y también la reventa de citas administrativas. En este nivel también se incluye el hecho de pedir servicios sexuales en la vía pública, una medida relacionada con la prostitución en la calle.
Las infracciones muy graves pueden llegar hasta los 3.000 euros y afectan la reincidencia en faltas graves, el vandalismo y los daños al patrimonio, así como los casos más severos de incivismo y discursos de odio.
El año pasado se impusieron en Lleida 813 sanciones por incumplimiento de la ordenanza de civismo, según ha detallado el alcalde Fèlix Larrosa. La cifra supone un aumento del 45% respecto a las 448 multas de 2024, un incremento que el consistorio atribuye tanto a un mayor número de infracciones como a una intensificación de la actuación policial.
Según el consistorio, la revisión responde a la necesidad de actualizar una ordenanza con casi 20 años de antigüedad. El gobierno municipal prevé llevar el texto al pleno del mes de junio y aplicarlo con un plan complementario para evitar situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el caso de las mujeres.