El gobierno español, ERC y EH Bildu han llegado a un acuerdo sobre la ley de vivienda que permitirá desbloquear la norma, que hace más de un año que se está tramitando en el Congreso. El texto pactado amplía el alcance de los topes de los contratos de alquiler en zonas tensionadas, limita las subidas anuales de los alquileres al 3% durante 2024 y establece la creación de un índice para limitarlas a partir de 2025, que siempre será inferior al IPC.
La norma acordada, además, reduce de 10 a 5 el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor. Lo han explicado en rueda de prensa este viernes la diputada de ERC Pilar Vallugera y el de Bildu Oskar Matute, que han reivindicado que han introducido avances aunque habrían querido llegar más lejos.
Vallugera ha remarcado que la regulación se aplica a "todos los alquileres en áreas tensionadas, en todos los casos" siempre que lo pidan las comunidades autónomas. En estas zonas habrá una contención del alquiler tanto para grandes tenedores como para pequeños propietarios. Para los pequeños propietarios se hará mediante la indexación a la renta anterior en vigor, mientras que para los grandes tenedores se aplicará un índice de contención de precios. Los topes también se aplicarán en nuevos contratos de alquiler, no solo en renovaciones.
La declaración de zona tensionada se podrá hacer cuando se cumpla una de las dos condiciones que establece la ley -y no las dos a la vez. Es decir:
- Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos supere el 30% de la renta media de los hogares.
- Que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración.
La diputada de ERC ha subrayado que de este modo todas las áreas que se podían declarar tensionadas con la ley catalana derribada por el Tribunal Constitucional "seguirán afectadas" y el Gobierno lo podrá aplicar "inmediatamente". Vallugera ha recordado esta anulación y ha justificado la negociación de una norma estatal para "proveer soluciones". "Ha hecho que acabemos pactando esta ley muy modificada", ha dicho.
En cuanto al tope del 3% en las subidas interanuales se aplicará a todos los alquileres de todo el Estado sin necesidad de que sea en una zona tensionada. Este año está vigente un tope del 2% como medida excepcional por la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Matute ha defendido que es "razonable" que a partir de 2025 se establezca el tope con un índice, sin fijar una cifra porque si bien ahora el IPC está "disparado" en otros momentos ha estado por debajo de los topes fijados. Un grupo de trabajo deberá determinar este índice antes de enero de 2025 y "nunca podrá superar el IPC".
Punto final a los desahucios sin fecha determinada
En cuanto a los desahucios, ERC y Bildu han acordado con el gobierno español que la legislación de enjuiciamiento civil establezca que se ponga punto final a los desahucios sin fecha y hora determinada. También se incluyen nuevas prórrogas a los procedimientos de desahucio -que los podrán aplazar más de dos años- y se establecen nuevos procesos de solución extrajudicial que gestionarán las comunidades autónomas.
Según Vallugera, la nueva legislación facilitará que haya soluciones habitacionales alternativas. Sin embargo, la norma no recupera la medida impulsada en Cataluña y anulada por el TC que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables antes de forzar un desahucio.
Blindaje de las competencias
ERC y Bildu sostienen que con esta nueva redacción de la ley de vivienda, se cumplen las competencias exclusivas de las comunidades autónomas sobre vivienda. Con el acuerdo, ha afirmado Vallugera, "todos los artículos de la ley que afectan a las competencias de las comunidades autónomas" tienen en cuenta estas competencias exclusivas.
Grandes tenedores con cinco viviendas
Fruto del acuerdo, la ley de vivienda sitúa el umbral para ser considerado como gran tenedor a los propietarios que tengan 5 o más viviendas, y no 10 como en el proyecto de ley del gobierno español. De este modo, los propietarios que tengan cinco o más inmuebles en las áreas tensionadas se considerarán grandes tenedores y se les podrá aplicar las medidas que establece la ley.
Gastos del contrato a cargo del propietario
La nueva redacción establece que los gastos y honorarios por el alquiler del inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Será él quien deba asumir los gastos de la inmobiliaria. Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de otros gastos como los de residuos, para evitar aumentos del alquiler encubiertos utilizando estos gastos.
Antes del 28-M
La previsión de los grupos parlamentarios es que se pueda aprobar la ley de vivienda en el Congreso antes de las elecciones del 28-M. "Una vez más somos las fuerzas soberanistas de izquierda las que posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante como el que supone esta ley", ha dicho Matute, que ha remarcado que "los 18 votos que suman ERC y Bildu son los que harán posible la ley".
En cuanto al hecho de que sean las comunidades autónomas las que deban promover la declaración de zona tensionada y la posibilidad de que las que están gobernadas por el PP se resistan, Matute ha afirmado que esto permitirá "poner a todo el mundo delante del espejo". "Si fuera ciudadano de Madrid o Andalucía, me plantearía qué gobernantes tengo", ha remarcado.
Se mantienen los incentivos fiscales
La norma mantiene un elemento que ERC y Bildu rechazaban, como son los incentivos fiscales en el IRPF para los pequeños propietarios. En cuanto a la posibilidad de incrementar el alquiler un 10% en caso de que se hayan hecho obras, también se mantiene, pero será necesario que las renovaciones de la vivienda impliquen al menos el 10% del valor de compraventa de la vivienda.
