El juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona abre este lunes vista oral contra la activista Tamara Carrasco. A finales de enero de este año la fiscalía hacía pública su petición de pena, concretamente de siete meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante la condena. El ministerio público considera que Carrasco cometió un delito de incitación de desórdenes públicos y acusa a la activista de haber enviado un mensaje de voz a través de WhatsApp donde "impartía directrices para acciones reivindicativas de los CDR durante la Semana Santa de 2018".
El ministerio público considera constatado que la noche del 26 y la jornada del 27 de marzo una "multitud de personas indeterminada" realizó actos para "perturbar la convivencia y el normal desarrollo". También destaca que el mensaje de voz constituye un delito de distribución o difusión pública de una consigna que incita a la comisión de un delito de desórdenes públicos.
Tamara Carrasco fue detenida en abril de 2018 e inicialmente fue investigada por la Audiencia Nacional por rebelión y terrorismo. En noviembre del mismo año el magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea decidía enviar el caso a los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos. Sin embargo, mantuvo sobre Carrasco la obligación de estar confinada en su municipio. Seis meses más tarde, la Audiencia de Barcelona acordó que fuera el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona y no el juzgado de instrucción número 1 de Gavà quien se hiciera cargo de la causa contra Carrasco.
A finales de mayo de 2019, después de más de un año, el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ordenaba el levantamiento del confinamiento de Carrasco.
