El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles en el Parlament la necesidad de impulsar políticas “audaces” y “valientes” para garantizar el acceso a la vivienda, entre las cuales la prohibición de la compra especulativa pactada con los Comuns en el marco de la negociación presupuestaria. “Puedo cometer errores. Si los cometo, los corregiré, pero no me quedaré de brazos cruzados”, ha afirmado durante la sesión de control.
En respuesta a preguntas del PPC y la CUP, Illa ha reivindicado la apuesta por “políticas innovadoras” ante la crisis de la vivienda y ha subrayado que prefiere “cometer errores” antes que permitir que se diga que su gobierno no hace “nada”. El president ha calificado el acuerdo con los Comuns como “un paso adelante muy importante” y ha defendido que es jurídicamente solvente. Además, ha invitado al resto de grupos parlamentarios a presentar propuestas durante el trámite parlamentario: “Estoy dispuesto a estudiarlo todo”, ha insistido.
Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha reclamado “respeto a la propiedad privada” y ha cargado contra la iniciativa. “Estamos hartos de okupas, perroflautas y socialismo”, ha espetado. Fernández ha lamentado que “se llame especuladores a miles de propietarios” y ha advertido que la prohibición podría provocar “más especulación que nunca” y la aparición de “comisarios del PSC vigilando la propiedad privada de la gente”.
El dirigente popular ha sido contundente en la defensa del derecho de propiedad: “Si compras un piso y lo pagas, es tuyo. Punto. Se ha acabado el debate”, ha afirmado, todo remarcando que “sin propiedad privada no hay democracia”.
Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer también ha interpelado a Illa sobre la cuestión de la vivienda y ha advertido que la crisis “no se resuelve con el acuerdo de dos partidos”. Pellicer ha considerado que el pacto con los Comuns está “lleno de agujeros” y que “no prohíbe la especulación”. Según ha señalado, la propuesta no prevé “ningún mecanismo” para evitar la compra y venta de edificios y “descafeína la propuesta de los expertos”. “El país necesita una norma de obligado cumplimiento”, ha concluido.
