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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado tres nuevas medidas en materia de vivienda durante el debate de política general en el Parlament. El paquete incluye un fondo de 25 millones de euros para evitar desahucios de personas vulnerables, un programa de compra compartida de viviendas con una dotación inicial de 100 millones y la ampliación de los Préstamos Emancipación para facilitar el acceso al primer hogar.
El Ejecutivo plantea estas iniciativas en un contexto de crecientes dificultades para acceder a una vivienda, con el objetivo de reforzar la protección social y ofrecer alternativas tanto a las personas en situación de vulnerabilidad como a aquellas con ingresos estables pero que no disponen de los ahorros necesarios para comprar un piso.
Un fondo de 25 millones para evitar desahucios
La primera medida es la creación del Fondo de emergencia habitacional, que comenzará con una dotación de 25 millones de euros. Está destinado a personas en situación de vulnerabilidad extrema que, tras agotar otras vías como la mediación, el alquiler social y la mesa de emergencia, continúen en riesgo de perder su casa.
En estos casos, la Generalitat podrá comprar la vivienda y gestionar su alquiler para que las personas afectadas no tengan que abandonarla por falta de alternativas. El Govern prevé que el fondo pueda ampliarse con la participación de otras administraciones públicas, entidades bancarias y aseguradoras.
Compra compartida para personas de más de 40 años
La segunda iniciativa es el programa de Compra Conjunta de vivienda, que dispondrá inicialmente de 100 millones de euros y se dirigirá principalmente a personas mayores de 40 años con ingresos estables, pero con dificultades para obtener una hipoteca suficiente para comprar una vivienda a precio de mercado.
El sistema permitirá que la Generalitat asuma una parte del coste del piso, que mantendrá la calificación de vivienda protegida. Las condiciones previstas varían según la edad de la persona compradora:
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Entre 40 y 55 años: deberá aportar el 50% del precio y dispondrá de la vivienda durante 50 años.
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A partir de los 56 años: deberá aportar el 40% del precio y tendrá un periodo de uso de 40 años.
Una vez finalizado el plazo, la vivienda volverá al parque público para que pueda asignarse a otra familia.
Durante el período de vigencia, el titular podrá vender el derecho de uso por el tiempo que quede o transmitirlo por herencia. Si decide venderlo, la Generalitat tendrá preferencia para recomprarlo y mantenerlo dentro del parque público. También podrá adquirir en cualquier momento la parte que pertenece a la Administración; en este caso, el piso pasará a ser de titularidad privada, pero continuará siendo vivienda protegida de manera permanente.
Préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para los jóvenes
La tercera medida consiste en consolidar y ampliar los Préstamos Emancipación, dirigidos a personas de entre 18 y 40 años empadronadas en Cataluña que compren su primera vivienda y dispongan de ingresos estables, pero no de los ahorros necesarios para pagar la entrada.
Según los datos del Gobierno, durante el primer año más de 2.700 jóvenes se han beneficiado de más de 1.800 préstamos firmados.
Los préstamos, gestionados por el Institut Català de Finances (ICF), pueden llegar a los 50.000 euros, con un interés del 0% y sin comisiones. Permiten cubrir el 20% del precio de compra que habitualmente no financia el banco. El retorno no empieza hasta que se acaba de pagar la hipoteca y, a partir de ese momento, hay cinco años para devolver el dinero.
Con la ampliación anunciada, los préstamos también se podrán utilizar para comprar vivienda protegida y para financiar las obras de rehabilitación necesarias para obtener la cédula de habitabilidad. Las condiciones se adaptarán a los precios de cada zona.
A cambio, la vivienda quedará protegida de manera permanente, deberá ser la residencia habitual y solo se podrá revender por el precio de compra actualizado con el IPC y el coste de algunas obras. También se podrá transmitir por herencia.
El Gobierno quiere ampliar el parque de vivienda protegida
Las tres medidas se incorporan a una estrategia que combina la construcción de vivienda pública, la compra de pisos en el mercado privado para destinarlos a protección oficial y la regulación del mercado residencial.
El Plan Territorial Sectorial de la Vivienda fija como objetivo que, dentro de veinte años, el 15% de los hogares de los municipios con más demanda residan en viviendas sociales. Para alcanzarlo, calcula que será necesario construir o adquirir unos 313.600 viviendas adicionales. Como hito intermedio, el plan prevé incrementar en 50.000 las viviendas protegidas durante los primeros cinco años.
Según los datos presentados por el Ejecutivo, 45.551 viviendas del plan de 50.000 ya están en marcha. De estas, 5.997 ya se han construido y 7.009 se encuentran en construcción. Además, la Generalitat ha adquirido 4.696 viviendas en dos años para incorporarlas al parque protegido.
El Govern también impulsa el programa Regenera para rehabilitar edificios, movilizar viviendas vacías y recuperar inmuebles inacabados, así como el Plan 214.000, que identifica sectores con potencial para desarrollar viviendas durante la próxima década.
Más fórmulas para generar vivienda protegida
Paralelamente, el Ejecutivo ha iniciado la tramitación de una ley para simplificar los procedimientos urbanísticos y ambientales, con la intención de agilizar las licencias sin eliminar las garantías jurídicas.
También se han planteado medidas excepcionales para aumentar la oferta de vivienda protegida en municipios con una demanda residencial elevada. Entre las opciones previstas se encuentra incrementar hasta un 20% la edificabilidad en determinados casos, transformar oficinas, hoteles y aparcamientos en viviendas protegidas, añadir plantas a edificios existentes y subdividir viviendas o reconvertir despachos, con una superficie mínima de 50 metros cuadrados para los nuevos pisos.
En paralelo, el Govern defiende que la regulación de los alquileres ha contribuido a contener los precios. Según los datos que ha presentado, entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026, los alquileres bajaron acumuladamente un 4,7% en Barcelona y un 1,3% en el conjunto de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.
En cuanto a la compraventa, el precio medio de la vivienda en Cataluña alcanzó los 2.852 euros por metro cuadrado el primer trimestre de 2026, con un incremento acumulado del 9,82% desde el tercer trimestre de 2024. El Govern sitúa este aumento por debajo del registrado en el conjunto del Estado durante el mismo período.
Con las nuevas medidas, la Generalitat quiere ampliar las alternativas de acceso a la vivienda, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y aumentar el número de pisos disponibles con protección pública.
