El Govern impulsa un PUOM adaptado a los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes

La consejera Sílvia Paneque anuncia un decreto ley para modificar el planeamiento urbanístico en Cataluña y facilitar la rehabilitación de viviendas en zonas rurales

28 de abril de 2026 a las 15:56h

El Gobierno de Cataluña ha decidido atender la reivindicación planteada el sábado pasado por los municipios rurales y adaptar las herramientas y requisitos del planeamiento urbanístico a las necesidades de los núcleos más pequeños. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, que ha avanzado que “durante el mes de mayo” el Consejo Ejecutivo aprobará un decreto ley con el objetivo de crear un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (PUOM) específico para los ayuntamientos con poblaciones reducidas.

Ajustes según las características locales

Según ha explicado la consellera, esta iniciativa busca ofrecer “una reforma urbanística para que el PUOM se adapte a las diferentes realidades”. En sus palabras: “No se puede exigir el mismo nivel de planeamiento y gestión a un municipio de 200 habitantes que a una ciudad”. Esta diferenciación permitirá simplificar los procesos y establecer criterios más flexibles para los territorios con menor densidad demográfica.

Más autonomía y apoyo para el mundo rural

Esta nueva regulación afectará a los municipios catalanes con menos de 2.000 habitantes, que podrán regirse bajo este PUOM específico. Además, se prevén medidas destinadas a incentivar y facilitar la rehabilitación de viviendas tradicionales como casas rurales y masías, contribuyendo así a dinamizar estos entornos.

Peticiones del lobby Herramientas de Repoblación Rural

El anuncio llega después de que el pasado sábado la entidad Eines de Repoblament Rural, que agrupa cerca de medio millar de alcaldías catalanas, presionara para agilizar una reforma legislativa. Este grupo reclamó cambios en la normativa urbanística para ajustarla mejor a la realidad de los pueblos rurales, especialmente en lo que respecta al desarrollo de iniciativas de vivienda y para dotar a los consistorios de una mayor capacidad autónoma en la gestión local.