El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado hoy un aumento salarial adicional del 0,5% para las trabajadoras y trabajadores públicos de todo el país, con efectos retroactivos a partir de enero de 2024. Esta medida beneficiará a cerca de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones públicas y otras instituciones estatales, autonómicas y locales, cumpliendo así con los compromisos pactados en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos CCOO y UGT.
Este incremento se incluye dentro de un conjunto de subidas salariales que han sido establecidas en los últimos acuerdos firmados entre el gobierno y los representantes de los trabajadores. Así, durante los tres últimos años (2022-2024), las retribuciones de los empleados públicos han estado sujetas a un aumento fijo y otro variable, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPCA) y otros indicadores económicos. En el primer año, se aplicó una subida del 3,5%, seguido de un incremento fijo del 2,5% más un 1% variable en 2023. Finalmente, para 2024, la retribución fija se aumentó un 2%, acompañado de una parte variable del 0,5%.
El nuevo incremento del 0,5% se hace efectivo una vez se ha comprobado que la variación acumulada del IPCA en los años 2022, 2023 y 2024 supera el incremento salarial fijo previsto para este periodo. El aumento se calculará sobre los sueldos vigentes a 31 de diciembre de 2023 y sereflejará en una paga de atrasos en las próximas nóminas de las trabajadoras y trabajadores públicos, incluyendo los pagos pendientes desde el inicio del año hasta la fecha actual. Este 0,5% también será consolidable, lo que implica que se mantendrá en las nóminas futuras de manera permanente.
Con este aumento, el gobierno cumple los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Marco firmado en 2022. Este acuerdo no sólo establecía el aumento salarial, sino también la modernización de la administración pública para mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía, recuperar derechos laborales perdidos durante el año 2012 e impulsar la oferta de empleo público. Uno de los principales objetivos del pacto ha sido reforzar el sector público y garantizar una mejor atención a los ciudadanos, con medidas como el aumento de las ofertas de empleo público y la apuesta por la captación de talento joven.
Esta decisión se suma a otras medidas importantes que han sido implementadas en los últimos años, como la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, la igualdad en el tratamiento y la modernización de la atención a la ciudadanía, tanto presencial como virtual. El gobierno de Pedro Sánchez ha querido así reconocer el papel fundamental de los trabajadores del sector público y continuar con una política de refuerzo de los servicios públicos, que son esenciales para el funcionamiento del estado del bienestar.
