El Gobierno prepara un nuevo redactado para intentar sacar adelante la ley contra la compra especulativa de vivienda. La consejera y portavoz, Sílvia Paneque, ha explicado este martes que el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está estudiando fórmulas alternativas para modificar la norma y darle la máxima seguridad jurídica.
La propuesta se trasladará a ERC, los Comunes y la CUP, los grupos con quienes el ejecutivo quiere abrir conversaciones para abordar los cambios. Según Paneque, los nuevos redactados podrían incluir medidas vinculadas al planeamiento municipal y al uso de los inmuebles.
El aviso del Consejo de Garantías
El movimiento llega después de que el Consejo de Garantías Estatutarias advirtiera a principios de agosto que la proposición de ley presentada por los Comunes vulneraba derechos como la propiedad privada, la herencia y la libertad de empresa.
Paneque ha recordado que el dictamen del Consejo no es vinculante, pero ha admitido que hay que revisar el camino jurídico de la norma. Según ha dicho, el informe “no anula” la finalidad de la ley, sino que alerta de que la vía planteada no se ajusta al Estatuto ni a la Constitución.
“La voluntad nunca fue limitar la compra”
La portavoz ha defendido que el objetivo del Gobierno continúa siendo garantizar que la vivienda construida en Cataluña tenga un uso residencial preferente. “Queremos mantener el objetivo de que todo lo que se construye en Cataluña tenga un uso preferencial residencial para las familias catalanas”, ha afirmado Paneque. También ha remarcado que “la voluntad nunca fue limitar la compra” de vivienda, sino el uso que se hace de estas adquisiciones.
El Gobierno confía en retomar las conversaciones con los grupos después de las vacaciones de verano. De momento, sin embargo, Paneque ha admitido que todavía es “difícil” fijar un calendario concreto para la tramitación y aprobación de la norma.
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