El Gobierno de la Generalitat ha planteado un incremento del canon del agua del 4,2% anual entre 2027 y 2030, en caso de que se aprueben los presupuestos, marcando así el primer aumento de este impuesto, que había estado congelado desde 2017. El anteproyecto de ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, remitido recientemente al Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC), justifica el aumento como una manera de dar “un marco económico estable a la Agencia Catalana del Agua y reforzar su capacidad inversora”, según detalla el documento consultado por la ACN.
Este incremento afectará a todos los usos del agua, incluidos los domésticos, industriales y ganaderos, así como a los parámetros de contaminación. El aumento se calculará en función del precio vigente el 31 de diciembre del año anterior y supondrá un refuerzo de la capacidad inversora de la ACA para cumplir con las exigencias europeas y el Plan de Gestión 2022-2027. Según fuentes del Govern, “el canon del agua supone entre un 10% y el 40% del total de la factura”.
Nuevos impuestos y simplificación administrativa
El anteproyecto prevé también la creación de tres nuevas tasas y la eliminación de 19 gravámenes considerados obsoletos o burocráticos. Entre las nuevas tasas que podrían aplicarse se encuentran la tasa de registro de equipos conectados a la Red de Emisiones Atmosféricas, la autorización de centros técnicos de tacógrafos y de entidades de instalación y mantenimiento de dispositivos limitadores de velocidad, y la de emisión de informes preceptivos para la homologación de los planes de autoprotección.
Al mismo tiempo, se derogan tasas como la de verificación previa para la admisión de valores en los mercados de Cataluña, la autorización de laboratorios de autovacunas veterinarias y de centros de distribución de medicamentos, y las de los centros de limpieza y desinfección de vehículos destinados al transporte de animales vivos. También desaparecen gravámenes menores como el que cobraba el uso de cabinas en la Biblioteca de Cataluña, que tenía un coste de 26 euros por semana, y se introduce una nueva excepción para las cofradías de pescadores que ocupan espacios portuarios para oficinas y lonjas
Cambios en la gestión de residuos e incentivos a la conservación
En el ámbito de la gestión de residuos, el anteproyecto propone un incremento progresivo de los tipos impositivos para el depósito de residuos en vertederos controlados y la incineración hasta 2031, con el objetivo de financiar inversiones en economía circular. Por ejemplo, la deposición de residuos municipales no peligrosos pasaría de 75 euros por tonelada en 2026 a 100 euros a partir de 2030.
Además, se introduce una deducción en el IRPF de 200 o 300 euros para los propietarios de fincas inscritas en el registro de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, con un compromiso mínimo de conservación de 10 años. “Esta medida busca estimular y fomentar la participación comunitaria y privada en la conservación de la naturaleza”, indican fuentes del Govern.
Vivienda, urbanismo y turismo
El texto también incluye medidas relacionadas con la vivienda y el urbanismo. Entre ellas destaca la posibilidad de reforzar la inspección de las viviendas vacías, establecer recargos del IBI y definir el contenido mínimo obligatorio de los anuncios de alquiler. También se crea la Plataforma Urbanística de Catalunya, una herramienta digital que permitirá acceder a información urbanística detallada a escala 1:1000 en suelo urbano.
En cuanto a los pisos turísticos, la normativa clarifica que no podrán superar la capacidad máxima indicada en la cédula de habitabilidad y añade que “en cualquier caso, la capacidad máxima de plazas por personas usuarias turísticas es de 4 en total”.
Refuerzo del control interno y novedades en el sector público
El anteproyecto de ley también contempla un refuerzo de la Intervención General, con el objetivo de mejorar la fiscalización y agilizar trámites a través de la digitalización y la automatización. En el ámbito de la función pública, se introduce un complemento variable para remunerar servicios efectivos en horario nocturno o en festivos, así como guardias de presencia efectiva o de localización. También se permite que los altos cargos de la Generalitat puedan formar parte de más de dos consejos de administración “siempre que no perciban ningún tipo de derecho de asistencia por la concurrencia a estas reuniones”.
Por otro lado, se prevé que las administraciones locales puedan complementar las retribuciones de los funcionarios en prácticas hasta alcanzar el importe del salario mínimo interprofesional (SMI). El sector del taxi también se ve afectado, con la reforma del régimen sancionador y la posibilidad de inmovilizar vehículos temporalmente
Trámites y negociación parlamentaria
El anteproyecto se ha remitido al CTESC para obtener un dictamen preceptivo antes de su tramitación en el Parlament, mientras la consejera de Economía, Alícia Romero, intensifica las negociaciones con ERC y los Comunes para aprobar las cuentas de este año. Como recuerda Romero, este tipo de ley “sirve para modificar o adaptar leyes que permiten que se apliquen correctamente” y acompaña siempre los presupuestos anuales de la Generalitat.
En definitiva, el anteproyecto combina incrementos selectivos de impuestos, eliminación de tasas innecesarias, nuevas deducciones y medidas de control interno con el objetivo de reforzar la inversión pública, mejorar la gestión del agua y de los residuos, incentivar la conservación del patrimonio natural, y regular sectores clave como la vivienda, el turismo y la función pública.