El Gobierno ha reiterado este martes que la determinación de las altas médicas se ajusta estrictamente a criterios profesionales, sin ninguna otra influencia externa. En rueda de prensa, la portavoz ejecutiva, Sílvia Paneque, ha subrayado que «los acuerdos alcanzados con los Comunes se mantienen» y ha defendido que "la duración de las bajas siempre ha sido determinada por razones médicas y continuará siendo así".
Diferencias por el financiamiento a los CAP condicionan los presupuestos
Esta posición llega después de que el grupo parlamentario de los Comuns haya vinculado la aprobación de los presupuestos a la retirada de «incentivos» a los Centros de Atención Primaria (CAP) relacionados con la gestión de las altas médicas. La presidenta del grupo, Jéssica Albiach, reclamó recientemente esta medida en una entrevista concedida a la ACN. Asimismo, el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid, insistió este mismo martes en condicionar las cuentas públicas a esta cuestión concreta.
Paneque ha expresado confianza en que la consejera de Salud, Olga Pané, estará abierta a escuchar las reflexiones planteadas por los Comuns para "abordar la discrepancia", destacando que esta situación no alterará la aplicación de los criterios médicos como base para determinar la duración de las bajas laborales.
Negociaciones pendientes sobre el bloque de San Agustín
Por otro lado, respecto al caso del bloque situado en el barrio de Sant Agustí, donde está prevista una nueva fecha de intento de desahucio, Paneque manifestó su esperanza de que "la negociación con el Síndic de Barcelona llegue a buen puerto". Precisó que todavía hay "días de margen" antes de esta segunda fecha y anunció haber solicitado formalmente una reunión con la propiedad del bloque, la empresa New Amsterdam Developers (NAD), para establecer un canal directo de interlocución.
Sanción económica pendiente y fase actual del proceso
Paneque también explicó que habrá que esperar hasta conocer el importe definitivo de una posible sanción impuesta —que Albiach ha valorado en 900.000 euros—, ya que actualmente el procedimiento se encuentra en fase de audiencia al propietario. Esta etapa administrativa implica recoger alegaciones antes de dictar cualquier resolución definitiva.
