El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que incorpora una partida de 500 millones de euros adicionales para reforzar el Sistema de Dependencia y garantizar una atención 24 horas a los enfermos de ELA. El texto permite desplegar la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2024, y hacer llegar la cobertura del sistema a las cerca de 4.000 personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa en el Estado.
El decreto crea un nuevo nivel de reconocimiento, el Grado III+, que garantiza asistencia continuada tanto a las personas con ELA como a aquellas con enfermedades de alta complejidad o carácter irreversible. Según el gobierno español, esta medida supone un “hito histórico” en la protección social y permite ampliar la financiación y la calidad del sistema de dependencia.
En un mensaje publicado en X, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que “ante los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema, el gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad”.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de presentar el decreto y ha destacado que con esta medida “la financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es una realidad”.
La Ley ELA, que ahora puede desarrollarse plenamente gracias a esta dotación económica, establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad —con un plazo máximo de tres meses— y permite acceder al sistema de dependencia a partir de un 33% de discapacidad reconocida.
El texto también prevé:
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Atención 24 horas a pacientes en estado avanzado.
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Formación específica para cuidadores profesionales del sistema de dependencia.
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La posibilidad de que los cuidadores no profesionales que dejen el trabajo para atender a familiares puedan mantener su base de cotización, financiada al 50% por el IMSERSO.
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El reconocimiento de las personas con ELA electrodependientes como consumidores vulnerables.
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La incorporación de la fisioterapia domiciliaria a la cartera de servicios del sistema de salud.
Con esta medida, el gobierno español cumple el mandato del Congreso y da un paso decisivo para garantizar una atención digna, continuada y especializada a las personas con ELA y otras enfermedades graves y crónicas.
