El Gobierno ha aprobado recientemente un suplemento de crédito que asciende a 5.988,65 millones de euros, destinado a cubrir gastos considerados "urgentes", principalmente en materia de personal. Esta medida se ha adoptado después de que el ejecutivo retirara los presupuestos este miércoles a causa del proceso negociador con ERC.
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha explicado que estos recursos proporcionan "oxígeno financiero" a la Generalitat, permitiendo mantener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante la fase de diálogo entre las fuerzas políticas implicadas.
Destino de los fondos: pago de nóminas e incrementos retributivos
De acuerdo con Romero, una parte sustancial del suplemento se destinará al pago puntual de los salarios de los funcionarios públicos así como a hacer frente a los aumentos salariales ya acordados. En concreto, el Gobierno afrontará los compromisos adquiridos con sindicatos representativos de los sectores educativo y policial, como son maestros y Mossos d’Esquadra.
Cobertura de incrementos en gasto social y sanitario
Además, los casi 6.000 millones de euros también se destinarán a asumir el aumento continuado en ámbitos clave como la dependencia, el gasto farmacéutico y los conciertos sanitarios. Estas partidas son fundamentales para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables dentro del sistema público catalán.
Por otro lado, el suplemento incluye fondos específicos para que las escuelas puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre alumnos en situación vulnerable. También se incrementarán las prestaciones económicas destinadas a las ayudas al alquiler, una partida que responde a la necesidad creciente derivada del aumento del coste habitacional.
Límite máximo del suplemento según el Gobierno
Finalmente, Alícia Romero ha manifestado claramente que no hay intención política ni técnica para que se apruebe un nuevo suplemento adicional dado que esta inyección económica representa "el límite máximo" al que puede llegar actualmente el Ejecutivo para asegurar la continuidad administrativa hasta cerrar definitivamente las nuevas cuentas públicas.
El aplazamiento de los presupuestos catalanes permite que su posible aprobación se desplace más allá de las elecciones andaluzas previstas para junio, cuando María Montero podría dejar el ministerio. Fuentes socialistas y republicanas calculan que, si hay acuerdo, los presupuestos catalanes podrían aprobarse a finales de junio o principios de julio.