El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una iniciativa para modificar la Constitución española con el objetivo de consolidar la protección del derecho al aborto. La reforma, impulsada por los ministerios de Igualdad, Sanidad y Justicia, pretende incorporar al texto constitucional la vertiente prestacional relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Concretamente, se propone añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43 que recoge literalmente: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con todas las prestaciones y servicios que sean necesarios para este ejercicio".
Acuerdo previo y dictamen del Consejo de Estado
Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo anterior aprobado por el gobierno el pasado 14 de octubre, donde se solicitó al Consejo de Estado el dictamen preceptivo sobre la propuesta. El pronunciamiento favorable llegó el 9 de marzo, incorporando diversas mejoras que ahora forman parte del proyecto presentado.
Con esta nueva redacción, se constitucionaliza claramente la dimensión prestacional del derecho a interrumpir un embarazo, mientras que la libertad decisoria femenina queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución española según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, se determina que los poderes públicos deben garantizar su ejercicio efectivo en igualdad real conforme al artículo 9.2.
Procedimiento parlamentario previsto
Ante esta reforma, el proceso seguirá el procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución. Esto implica obtener una mayoría cualificada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de que no se llegue a consenso entre cámaras, se debería constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de elaborar un nuevo texto para someterlo nuevamente a votación.
Si tampoco se alcanza mayoría suficiente después de este intento, se puede aprobar finalmente por mayoría de los dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Derechos reforzados según el gobierno
Según fuentes oficiales del gobierno español, esta modificación supone un refuerzo indiscutible para que los poderes públicos —incluido el legislador— tengan como obligación garantizar que las mujeres puedan acceder al derecho a abortar bajo condiciones sanitarias adecuadas.
Dificultades actuales para abortar en centros públicos
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado: "Espero que el PP dé apoyo a esta reforma, recordando que incluso grupos políticos como la extrema derecha francesa han apoyado propuestas similares". También ha destacado: "Hay muchas mujeres en el PP y votantes suyas que han abortado. Redondo ha asegurado que buscarán alcanzar consenso hablando con grupos políticos y comunidades autónomas".
Por otro lado, ha señalado que aunque actualmente tanto la Constitución como las sentencias del Tribunal Constitucional protegen teóricamente este derecho individualmente, "No garantizan el ejercicio real porque en diversas comunidades autónomas se deberían ejecutar principalmente dentro del sector privado en lugar de los centros públicos". A modo estadístico, Redondo ha indicado que globalmente cerca del 79% de los abortos se llevan a cabo en centros privados; mientras algunas regiones gobernadas por el PP —como Madrid o Andalucía— llegan casi al 99%. La ministra ha subrayado también que "cuando las mujeres recurren a los centros privados a menudo son objeto de presiones externas por parte de grupos antiabortistas concentrados en las calles; mientras esto no sucede cuando lo hacen en los hospitales públicos".
Motivos para impulsar esta reforma constitucional
Ana Redondo ha explicado diversos motivos por los cuales es necesario llevar adelante esta modificación más precisa respecto a la propuesta inicial: "El movimiento ultrarreaccionario pone en la diana los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Por ello considera necesario legislar con coherencia con dos premisas fundamentales: primero, "este blindaje responderá a una voluntad popular mayoritaria —del 70 u 80%— para proteger estos derechos cuando están amenazados"; segundo, "España mantiene una posición internacional destacada como vanguardia en materia de los derechos reproductivos femeninos".