La Compañía de Jesús ha informado este lunes de la conclusión del proceso canónico seguido contra Francesc Josep Peris Boixeda por abusos cometidos contra menores. A consecuencia de la gravedad de los hechos probados en este proceso, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha decretado la expulsión de Peris del estado clerical y de la Compañía de Jesús.
La Compañía "lamenta profundamente el mal causado y asume su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado". Al mismo tiempo, la Compañía muestra su "reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía y el coraje de denunciar los abusos que sufrieron, lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad".
El proceso penal canónico ha encontrado a Francesc Peris culpable de diversos delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos con menores (en este caso, abuso sexual) que ocurrieron al menos desde los años 70. Como consecuencia, se ha decretado su expulsión del estado clerical, la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para este tipo de delitos.
La expulsión del estado clerical es competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano que ha sido delegada, a través de un mandato, al Superior General. Esta decisión supone que Francesc Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal.
El procedimiento tiene su origen en las denuncias de las víctimas, lo que hizo que la Compañía de Jesús, en el año 2023, pusiera en marcha un proceso canónico de investigación previa para examinar estas acusaciones e impusiera a Francesc Peris una serie de medidas cautelares.
Una vez remitida la documentación de este proceso a la Curia General de la Compañía de Jesús, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe autorizó al prior general, a finales de aquel mismo año, a iniciar un segundo proceso canónico, denominado “penal administrativo”, con la finalidad de investigar los hechos con más profundidad a pesar del tiempo transcurrido, y con las garantías procesales correspondientes.
EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
De forma simultánea, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha firmado el decreto por el cual Francesc Peris ha sido expulsado de los jesuitas. Esta segunda decisión afecta específicamente a su condición de miembro de la Compañía y es jurídicamente diferente de la expulsión del estado clerical.
Las dos resoluciones suponen, por tanto, y dada la gravedad de los hechos, las máximas consecuencias canónicas previstas en los dos ámbitos afectados: su condición de sacerdote y su pertenencia a la Compañía de Jesús.
Francesc Peris ha sido informado de estas resoluciones y puede interponer los recursos previstos por el Derecho Canónico dentro de los plazos establecidos. Este derecho forma parte de las garantías procesales propias de todo ordenamiento jurídico.
RESPONSABILIDAD ENVERS LES VÍCTIMES
La Compañía de Jesús admite en un comunicado que la conclusión de estos procesos no repara por sí misma el mal causado ni pone fin a la responsabilidad moral e institucional de la Compañía hacia las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de uno de sus miembros.
La Compañía "reconoce y condena los graves errores que cometió en el pasado en la manera de escuchar, proteger y responder a las víctimas ante los abusos y reitera su petición de perdón a las víctimas, a sus familias y a todas las personas que se han visto afectadas".
La Compañía dice que mantiene su compromiso de atención integral a las víctimas, que incluye escucha, acompañamiento y reparación, además de facilitar y colaborar con la investigación de cualquier nueva información que se pueda conocer y continuar reforzando sus procedimientos de prevención, actuación y creación de entornos seguros.
¿DÓNDE RESIDIRÁ AHORA EL PREDADOR?
Para que Francesc Peris, de 84 años, se encuentre en un entorno institucional en el cual esté sometido a seguimiento y supervisión constante, la Compañía de Jesús le ha planteado suscribir un acuerdo --que él ha aceptado-- que regula las condiciones en las que, ya sin ser jesuita ni sacerdote, pueda residir en una comunidad jesuita.
El acuerdo incluye unas normas de conducta y una serie de prohibiciones que Peris debe cumplir de forma escrupulosa. Entre otras normas están las de no tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad, no salir o no ausentarse de la casa sin permiso expreso, no ponerse en contacto con ninguna víctima, o no recibir visitas sin permiso expreso. Esta permanencia residencial no modifica ni atenúa en ningún caso las sanciones impuestas, dice el comunicado.
Esta decisión responde, según la Compañía, a la voluntad de "compatibilizar la aplicación plena de las sanciones adoptadas con la responsabilidad de no desentenderse de una situación que requiere atención y seguimiento".
La Compañía de Jesús asegura que mantiene su "compromiso con la búsqueda de la verdad y la colaboración con la justicia en todos los ámbitos". La conclusión de los procedimientos canónicos "no extingue su implicación en estas situaciones que nunca deberían haber pasado". En coherencia, dice que "continúa intensificando su compromiso para que las víctimas ocupen un lugar central en su respuesta; y promoviendo la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la creación de entornos seguros y saludables en todas sus instituciones y comunidades".
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