La Fiscalía de Barcelona ha emitido una llamada para que el Colegio Notarial de Cataluña y las entidades financieras intensifiquen sus esfuerzos en la detección de operaciones sospechosas que puedan suponer estafas o despatrimonialización de personas mayores. El ministerio público reclama que tanto los notarios como los trabajadores de los bancos eviten autorizar transacciones cuando detecten indicios que podrían perjudicar económicamente a individuos vulnerables, especialmente ancianos.
Además, se pide que estas sospechas sean comunicadas inmediatamente a la fiscalía con el fin de investigar si hay un posible delito detrás de actuaciones aparentemente bienintencionadas, pero que en realidad implican un aprovechamiento ilícito. Los fiscales admiten la complejidad de muchos casos, pero insisten en la necesidad de una mayor prevención basada en la aplicación del sentido común.
Coordinación interna para proteger a víctimas vulnerables
La fiscal encargada de tutela y protección de víctimas en procesos penales, Silvia Armero, junto con el fiscal delegado para medidas de apoyo a personas mayores y con discapacidad, Antonio Torres, disponen de un convenio interno para compartir información sobre posibles abusos económicos. Normalmente reciben avisos procedentes de los servicios sociales o familiares próximos a las víctimas. Sin embargo, consideran que se habría detectado un número más elevado de casos si los notarios y bancos adoptaran una actitud más vigilante antes de autorizar operaciones.
Mecanismos de actuación ante sospechas de abuso
Ante cualquier alerta, la fiscalía examina detalladamente el patrimonio, ingresos y gastos de los afectados. Solicita al juzgado designar un defensor judicial —habitualmente una fundación— encargado de hacer inventario del patrimonio y supervisar todas las transacciones económicas relacionadas con la víctima. Paralelamente, se pueden pedir medidas cautelares para bloquear determinadas actividades financieras mientras dura la investigación.
Asimismo, se han detectado casos donde empresas suministradoras han aprovechado el estado vulnerable o incluso posibles indicios de demencia de los ancianos para ofrecerles contratos más caros o servicios innecesarios.
La alerta a los notarios sobre firmas sospechosas
Los fiscales recuerdan a los notarios que es necesario extremar las precauciones cuando atienden a personas mayores o vulnerables —incluyendo a aquellos con signos iniciales de deterioro cognitivo— que firman documentos difíciles de entender o ceden parte importante de su patrimonio a terceros. A pesar de reconocer que no es competencia de los notarios diagnosticar la capacidad mental ni realizar tareas psicológicas, se les insta a actuar con prudencia aplicando criterios razonables antes de autorizar contratos relevantes como compraventas, préstamos o poderes notariales.
En este sentido, durante los últimos dos años solo se han registrado dos notificaciones en las que notarios han expresado sospechas sobre posibles influencias indebidas o manipulaciones hacia los afectados.
Dificultades y propuestas del sector notarial
Bajo requerimiento del ministerio público, algunos profesionales argumentan que si rechazan firmar un documento dudoso puede ser firmado en otras notarías sin ningún control adicional. Ante esto, la fiscalía propone permitir a los notarios solicitar informes forenses para valorar la capacidad cognitiva real de los implicados. También plantea facilitar el acceso de los fiscales a la red telemática del Notariado para agilizar investigaciones relacionadas.
Nuevas medidas solicitadas por el ministerio público
Además, ya se ha reclamado formalmente al Colegio Notarial que en los documentos vinculados a cesiones de poderes conste claramente el momento exacto en que se considera perdida la capacidad jurídica para que esta gestión pase legalmente a terceras personas.
