ERC ha registrado diversas mociones que se votarán en el próximo pleno del Parlamento a mediados de abril, centradas en educación e infraestructuras. Una de las más destacadas insta al Gobierno a establecer con carácter inmediato un “espacio de negociación” con los sindicatos de educación convocantes de la huelga, con el objetivo de abordar sus reivindicaciones en el marco de un “nuevo proceso de diálogo”.
En el ámbito educativo, los republicanos también proponen “revisar” el decreto de la escuela inclusiva “para establecer criterios objetivos de planificación territorial que garanticen la equidad en el acceso a los recursos de educación inclusiva y que responda a la realidad educativa actual, incorporando modificaciones”.
Además, ERC ha presentado una moción sobre el plan alternativo a las obras de la R2 sur entre Garraf y Sitges, en la cual reclama que el Estado asuma “íntegramente” el coste y que se garantice la “gratuidad temporal o bonificaciones” del peaje de la C-32 mientras duren los trabajos. La propuesta también pide establecer servicios exprés o directos entre los municipios más afectados del Garraf y del Baix Penedès y Barcelona; incrementar de manera efectiva el número de autobuses de refuerzo; asegurar que el dispositivo alternativo de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 permita la llegada directa a Barcelona, evitando la fragmentación del trayecto y los transbordos en Sant Vicenç de Calders y en el Prat de Llobregat; y exigir a Renfe y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, al menos mientras duren las obras, incrementen las frecuencias y las plazas de los servicios Avant entre las Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona y Barcelona.
Por su parte, Junts ha registrado una moción que pide al Gobierno garantizar la “no-intervención política” de los procesos de selección de directores en centros de investigación. El texto también insta a asegurar que los miembros del Gobierno ejercen sus funciones en “régimen de dedicación exclusiva” y reclama que no se impulse ninguna modificación legislativa sobre el régimen de incompatibilidades de los consejeros y consejeras “ya sea por medio de una ley de acompañamiento de los presupuestos o de cualquier otro instrumento normativo”.
Esta iniciativa llega después de una disputa política entre el diputado de Junts Toni Castellà y la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, por la compatibilidad del cargo con su carrera científica. Castellà reprochó a la consejera que, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos, se haya querido introducir un punto para hacer posible que un miembro del Gobierno pueda dedicarse a su ámbito profesional.
