Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad
Las empresas responsables de los servicios de transporte interurbano por carretera deberán incorporar personal que posea conocimientos adecuados de la lengua catalana.
Esta exigencia forma parte de una modificación legislativa recientemente aprobada, según ha informado la Plataforma per la Llengua, que destaca que el Govern ha accedido "finalmente" a incluir esta cláusula dentro de la Ley de medidas de acompañamiento a los presupuestos.
Esta decisión responde a una demanda reiterada tanto por esta entidad como por Promoció del Transport Públic (PTP), con el objetivo explícito de "garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios".
La nueva normativa afecta no solo a los contratos nuevos sino también a las prórrogas de los acuerdos vigentes con diversas empresas concesionarias del sector, entre las cuales se encuentran Moventis (que gestiona Sarbus y Sarfa), Sagalés, Monbus (Hispano Igualadina), Hife, Alsa (Alsina Graells), Plana y Teisa.
Detalles sobre los requisitos lingüísticos
Según el comunicado emitido por la Plataforma per la Llengua, la reforma establece que las compañías deben disponer de un número suficiente de trabajadores con un nivel "adecuado, proporcional y suficiente" en catalán para atender correctamente a los ciudadanos en esta lengua.
Además, se introducen mecanismos específicos para que cualquier incumplimiento pueda ser objeto de medidas correctoras o incluso sanciones administrativas.
De acuerdo con la modificación introducida en la Ley 12/1987, el personal encargado de tareas como conducción, inspección, información, atención a los usuarios o gestión de incidencias deberá acreditar al menos un nivel B1 en catalán. Este requisito se define como una condición esencial para que se pueda prestar el servicio público correspondiente y su incumplimiento podrá acarrear consecuencias legales.
Reacción institucional
Tras este cambio normativo, desde Plataforma per la Llengua valoran positivamente que "se haya corregido esta carencia". Sin embargo, lamentan que estas garantías no se hayan incorporado antes en el decreto relativo a las prórrogas de los contratos concesionarios convalidado por el Parlament el pasado mes de mayo.
