El Gobierno catalán impulsará una ley para regular los contratos de alquiler de temporada para evitar que los propietarios utilicen esta modalidad de arrendamiento para “burlar la limitación de precios” que se establecerá al amparo de la nueva ley española de vivienda. Igualmente, sacará adelante “una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico”, según ha anunciado hoy la consejera de Territorio, Ester Capella i Farré, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña.
El objetivo con estas acciones es “hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar el uso social de la vivienda”, especialmente en municipios “en los que el uso turístico produce tensiones de precios y no garantiza una dotación suficiente de vivienda de alquiler para satisfacer las necesidades de la población residente”, ha explicado Capella.
“Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y de consumo, y tiene competencias para el desarrollo del derecho civil propio”, ha recordado la consejera. Por ello, el Departamento de Territorio impulsará las nuevas regulaciones de la mano de los departamentos de Justicia y de Empresa y Trabajo, y complementarán los trámites que ya tiene en marcha para desplegar en Cataluña la Ley estatal por el derecho a la vivienda, que ampara la contención de los precios del alquiler. Cataluña ya aprobó en 2020 una ley pionera en este sentido, pero fue anulada por el Tribunal Constitucional y recientemente el gobierno español ha aprobado un nuevo texto legislativo para todo el estado.
Para limitar los alquileres, es necesario que las comunidades delimiten los municipios que se declararán zonas de mercado residencial tensionado. El Departamento de Territorio tiene a información pública el listado de 140 municipios que cumplen los requisitos que marca la ley y donde vive el 80,6% de la población de Cataluña. Una vez finalizada la información pública, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será finalmente quien la aprobará. “De nuevo, somos los primeros en iniciar los trámites para delimitar los municipios donde se aplicará la limitación de las rentas del alquiler”, ha puesto en valor Capella.
También según la ley estatal, además, cuando el piso sea propiedad de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler. Cataluña ya dispone de un índice propio, que está actualizado, plenamente vigente y que se utilizó para implementar la regulación de los alquileres que ya preveía la ley catalana. El Departamento de Territorio ya ha pedido al Ministerio la homologación de este índice catalán. “El derecho a especular no existe, el derecho al acceso a la vivienda, sí”, ha recordado la consejera, que ha defendido “actuar para sacar la vivienda de la lógica del mercado”.
Precisamente para facilitar el acceso a una vivienda asequible, Capella ha recordado el Plan Impulso 10.000 del Departamento, que “prevé diversos mecanismos para incrementar el número de viviendas de alquiler social, con una cifra inicial de 10.000 pisos incorporados en 2026”. Aparte de facilitar el acceso a una vivienda, el Departamento continuará con las ayudas y los instrumentos para evitar la pérdida por impago.
Herramientas para “definir el país del futuro”
En su comparecencia, Capella ha defendido que el Departamento de Territorio “tiene la gran responsabilidad de ser el más social de todo el Gobierno”, en parte porque “tiene la tarea de dibujar y definir el país del futuro, a 20, 40 y 50 años vista, teniendo presente su diversidad”. Para ilustrarlo, ha hecho un repaso de las nuevas herramientas normativas y de planificación que se preparan.
En el ámbito de políticas de montaña, el Departamento está finalizando la definición de la Agenda Estratégica del Pirineo, “definiendo proyectos tractores para generar oportunidades para la gente que vive y trabaja allí” y “estamos trabajando en la redacción del Plan de acción 2024-2030”, ha precisado la consejera. Igualmente, el Gobierno aprobará próximamente el proyecto de la nueva Ley de montaña, que sustituirá a la actual, obsoleta.
En cuanto a la planificación urbanística y territorial, la consejera se ha comprometido “a tener terminado el proyecto de Ley de Territorio durante el primer semestre de 2024”. Este nuevo texto aglutinará y modernizará toda la legislación en materia de planificación territorial, urbanística, de paisaje y de urbanizaciones con déficits.
La nueva legislación reguladora amparará la redacción de un nuevo Plan Territorial General de Cataluña, para sustituir al actual, de 1995. “Es necesario establecer una nueva estrategia territorial para todo el país”, con horizonte 2050, “que renueve los criterios de planeamiento, y haga proyecciones de población y puestos de trabajo”, ha enumerado la consejera. Capella se ha comprometido a iniciar el debate y los trámites necesarios para modificar este Plan General.
Traspaso integral de Cercanías
En el apartado de movilidad, la consejera Capella ha enfatizado que “es necesario que el Estado cumpla de una vez por todas con Cataluña” y ha exigido “que se haga efectivo el traspaso integral de Cercanías”. “Es inaceptable que ocho de cada 10 días haya averías”, que se llegue a “más de 18.000 trenes afectados por incidencias y retrasos” de más de 100 minutos de duración en 2022, “que la ciudadanía pierda hasta cuatro días de jornada laboral con la suma de todos los retrasos de un solo día, como ocurrió el 1 de septiembre de 2022”, ha denunciado.
Además del traspaso integral, Capella ha reclamado a Renfe el incremento de las frecuencias de la R8; la parada en la estación de la Aldea; la mejora de los servicios entre Lleida y Cervera, o la prolongación de la línea RT2 hasta Vilafranca del Penedès. Finalmente, la consejera de Territorio ha recordado que “es urgente que el Estado cumpla con la parte de financiación que le corresponde aportar a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)” para sostener el funcionamiento de la red de transporte público.
En conclusión, la consejera ha explicado que “queremos poner el territorio y las infraestructuras al servicio de los grandes retos sociales, económicos y ambientales del país” y ha abogado para que las “políticas territoriales tomen un carácter transformador ambicioso”.
