El Gobierno pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) prorrogar 14 días más las restricciones vigentes, con toque de queda en 124 municipios. Las medidas, que entraron en vigor el 24 de diciembre, se habían fijado hasta el 7 de enero. El objetivo de esta prórroga es mantener la reducción de la interacción social y el movimiento de la ciudadanía, para frenar el ascenso de contagios y disminuir la presión asistencial al sistema sanitario. La prórroga será aprobada mañana por el Procicat, en una resolución que se enviará al TSJC. En la reunión de esta tarde, la comisión delegada de la covid-19 ha actualizado también la lista de municipios de 10.000 habitantes donde se aplicará la restricción de la movilidad nocturna.
La nueva propuesta incluye un total de 124 municipios, ocho más. De esta forma se incorporan Alcarràs, Castell-Platja d'Aro, Cunit, el Vendrell, Mont-roig del Camp, Salt, Torroella de Montgrí y Vilanova i la Geltrú. Por otra parte, se mantienen los nueve municipios isla que hay en la resolución vigente.
La restricción de la movilidad nocturna se quiere seguir aplicando de 1 de la madrugada a 6 de la mañana en los municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia acumulada a 7 días superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
Entre el resto de medidas que se mantienen, destaca la limitación de las burbujas y que el número absoluto no supere las 10 personas, tanto en el interior como en el exterior y tanto en el ámbito privado como en el público.
En cuanto a la capacidad máxima en el interior de bares y restaurantes seguirá siendo del 50% (y del 100% en las terrazas), mientras que el aforo en comercios y empresas de servicios será del 70%, el mismo porcentaje que en instalaciones y equipamientos deportivos cerrados.
Los locales de ocio nocturno permanecerán cerrados, mientras que el aforo de salas de concierto, teatros, cines, auditorios y circos con carpa será del 70%, porcentaje que también se aplica a salas de velatorio, entierros y otras ceremonias.
El teletrabajo se mantiene como prioritario en la administración de la Generalitat y se recomienda firmemente en el ámbito laboral privado.
