El número de caballos decomisados a sus propietarios porque no los cuidan se ha doblado en los últimos años. Hasta 2020 se decomisaban una docena, de media, y a partir de 2021 la cifra ha ido en aumento hasta los 25 actuales. La directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, explica que se trata de “casos extremos” que antes de llegar al decomiso se intentan reconducir: “Hay muchas alternativas, pero lo que no se puede permitir es que lleguen a determinados estados de desnutrición”. Ahora Acció Climàtica ha puesto en marcha un centro de recuperación de caballos para trasladar allí a estos animales y estructurar un mejor circuito de acogida. Hasta ahora estos procedimientos se resolvían de manera individualizada en función de cada caso.
“Uno de los problemas que teníamos era dónde los llevábamos”, explica Guillaumes, que asegura que con la centralización del servicio se gana en eficiencia. El objetivo a futuro, dice, es buscar un nuevo hogar para estos caballos, después de una estancia de seis meses en el nuevo centro de recuperación, ubicado en el entorno metropolitano.
El centro se encarga de proporcionar el transporte, custodia, alimentación y asistencia veterinaria durante este período y, a partir de entonces, se buscarán personas que los adopten. Son caballos que llegan en una situación en la que “su vida está en peligro”, explica Rosa Llistart, responsable del centro. El nuevo centro ofrecerá este servicio durante los próximos dos años con un presupuesto de cerca de 100.000 euros anuales, que permitirá atender a una treintena de caballos, que es la previsión con la que trabaja el Departamento para 2024, de acuerdo con la tendencia al alza de este tipo de situaciones.
En los últimos seis años (2018-2023) se han decomisado un total de 87 caballos y, en la mayoría de casos, se trata de propietarios que no pueden alimentar a los animales de manera correcta. La media anual los primeros años era de una docena de ejemplares anuales, mientras que actualmente está sobre los 25. En las inspecciones que hace el Departamento se encuentran, mayoritariamente, caballos mal nutridos o enfermos, que no reciben la atención veterinaria necesaria. Antes de llegar a decomiso, pero, la Generalitat intenta que los propietarios puedan corregir la situación o bien pongan los caballos a disposición de entidades de protección animal u otros particulares que los puedan cuidar.
Agotada la vía negociadora, es cuando se interviene y se les quita el animal para garantizarles una nueva vida digna. “En algunos casos influyen factores sociales”, apunta Guillaumes. Las sanciones a las personas que tienen los caballos en este estado, en base a la ley de bienestar animal, van de los 600 a más de los 6.000 euros, en función de la gravedad de cada caso.
Más inspecciones y una nueva Ley
Con la puesta en marcha del nuevo centro de acogida y recuperación se da un amparo “especial” a los caballos, ya que la Ley de protección de los animales sólo contempla perros, gatos y hurones, que cuentan con el servicio público de las tradicionales perreras. En este sentido, el Gobierno tiene previsto actualizar la legislación para regular también la situación de los équidos, pero de momento se actúa con este servicio “de forma proactiva para que no queden desamparados”. Por otro lado, ante el aumento de casos de caballos abandonados, el Departamento reforzará también los controles de bienestar animal en las explotaciones equinas e incrementará las visitas a las hípicas a través de los Agentes Rurales.
