En una auditoría externa encargada por el Departamento de Derechos Sociales a raíz del caso de los pagos indebidos a la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia) a la que ha tenido acceso la Cadena SER, se han detectado "importantes disfunciones" y "procedimientos ineficaces" en el seguimiento de las prestaciones económicas y de vivienda para jóvenes extutelados.
Según el informe, antes de que el servicio se externalizara en 2022, la DGAIA estuvo otorgando ayudas a los extutelados sin hacer ningún seguimiento posterior.
A partir de la externalización del servicio, en 2022, las fundaciones contratadas detectaron muchos casos de pagos indebidos, que detuvieron sin calcular el perjuicio retroactivo y sin verificar por vías oficiales lo que otros adolescentes les decían.
Solo en la demarcación de Girona, entre 2022 y 2024, en 29 de los 32 expedientes iniciados por la DGAIA antes de externalizar el servicio "no constan actuaciones de seguimiento y verificación que exige la normativa". La mitad de los beneficiados cobraban la ayuda de forma indebida, pese a tener trabajo con un sueldo superior al IRSC (el indicador de renta de suficiencia de Cataluña).
¿MEJORA CON LA EXTERNALIZACIÓN?
A partir de septiembre de 2022, las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles mejoraron el seguimiento de las prestaciones a extutelados, pero los procedimientos fueron 'ineficaces', ya que se basaban en la entrevista a las personas beneficiadas, sin comprobar los datos.
La auditoría (y solo en la demarcación de Girona) detecta pagos indebidos por valor de 167.933 euros en prestaciones durante 2023 y 2024. En cuanto a los pisos tutelados, la auditoría externa ha identificado incidencias por valor de casi 42.000 euros en dos años.
El informe afirma que se han 'generado pérdidas económicas para la Administración y dejado sin control prestaciones sociales destinadas a un colectivo especialmente vulnerable', pese a que no ha habido fraude, ni enriquecimiento por parte de las fundaciones, ni responsabilidades penales.