Una macrooperación conjunta de Policía Nacional, Agencia Tributaria y Europol ha permitido desarticular una banda internacional de estafadores que utilizaba el método de las 'cartas nigerianas'. Se han detenido a 80 personas (61 en España, 16 en Portugal y 3 en el Reino Unido) y se han realizado 53 registros simultáneos (24 en España -concretamente en Madrid, Barcelona, Málaga y Santander-, 26 en Portugal y 3 en el Reino Unido). En paralelo, se han decomisado más de 500.000 dólares, 30.000 euros, 200 teléfonos móviles, ordenadores y vehículos. Los investigadores calculan que esta organización criminal había conseguido estafar a más de un millar de personas de todo el mundo, principalmente personas mayores y jubilados con residencia en Estados Unidos.
El núcleo directivo de la organización estaba ubicado en las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada, y tenía ramificaciones por todo el Estado, Reino Unido, México y Estados Unidos. La investigación se inició a finales de 2019 cuando los agentes detectaron paquetería procedente de Estados Unidos con elevadas cantidades de dinero escondidas en el interior de revistas. Poco después, y fruto de la colaboración internacional de autoridades fiscales y policiales de los países afectados, se descubrió que se trataba de una organización criminal dedicada a la estafa a través de la modalidad conocida como 'cartas nigerianas'. El 'modus operandi' consistía en encargar a una copistería de Fuenlabrada la impresión masiva de las cartas simulando premios de lotería o herencias de familiares no reclamadas.
Se imprimían de dos maneras: con el nombre y apellidos de las víctimas o bien de manera generalizada y después adquirían las etiquetas individualizadas con los datos personales y dirección para colocarlas en los sobres. Posteriormente se trasladaban a Portugal con enormes maletas –en turismo particular o autobús de línea- para enviarlas de manera masiva desde el país luso, ya que el coste del servicio era inferior a las empresas españolas. Los investigadores calcularon que el coste de envío podría alcanzar los 500.000 euros. Las víctimas, siempre personas de edad avanzada, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas y contestaban un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo y así poder ser engañadas.
Las víctimas debían abonar una cantidad inicial de entre 1.000 y 30.000 euros en concepto de tasas e impuestos burocráticos para poder acceder a los premios o herencias fraudulentas. La organización tenía un complejo sistema de ocultación del beneficio consistente en recibir el dinero a través de varias víctimas, siendo un miembro de la organización el destinatario final del importe en metálico.
