La Policía Nacional ha detenido a unas cincuenta personas en el marco de la desarticulación de una red delictiva que fomentaba la inmigración irregular de ciudadanos marroquíes. Según el cuerpo policial, la red, que operaba principalmente en Melilla, pero también en Barcelona y en Girona, formalizaba matrimonios y uniones de hecho de conveniencia. 40 de los detenidos tenían órdenes de arresto en vigor y presuntamente habían participado en 35 uniones falsas. Entre los arrestados se encuentra la principal responsable del grupo, una mujer que ya ha ingresado en prisión y que regentaba una asesoría dedicada a trámites de extranjería. Según la policía, la mujer cobraba más de 12.000 euros por proporcionar permisos de residencia fraudulentos.
La investigación arrancó en julio de 2022 y se hizo cargo la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en Melilla. Según fuentes policiales, el grupo introducía ciudadanos marroquíes hacia el Espacio Schengen, formalizando ante un notario matrimonios civiles o uniones de hecho de conveniencia con ciudadanos españoles.
La estructura criminal estaba encabezada por la principal detenida, que ofrecía sus servicios a ambos lados de la frontera a pesar de no estar colegiada como abogada ni como gestora. Dominaba el tamazigh y el castellano y tenía gran parte de su familia en Marruecos. Gracias a esto, se podía dar a conocer entre los clientes con facilidad.
Las indagaciones policiales han determinado que llegaba a cobrar sumas superiores a los 12.000 euros por proporcionar los permisos de residencia fraudulentos a los interesados, y que incluso había estafado a alguna persona cobrándole dinero sin llegar a hacer ningún trámite.
En el escalón inferior estaban los captadores, es decir, personas encargadas de reclutar falsos cónyuges y testigos. Por lo que respecta a los primeros, todos son ciudadanos españoles que según la policía tenían problemas económicos, psicológicos o adicciones. A cambio de participar en la trama obtenían cantidades cercanas a los 4.000 euros. Los testigos que daban fe del falso enlace lo hacían a cambio de cifras que oscilaban entre los 300 y los 500 euros.
En el tercer estrato se encontraban los colaboradores habituales para figurar en más de un enlace, bien como cónyuges o como testigos. Así, para estos individuos la práctica se convertía en una manera estable de obtener ingresos. El último escalón de la red la integraban los colaboradores puntuales, es decir, personas que solo habrían participado en alguno de los enlaces, ya fuera como falso cónyuge o testigo. Todos habrían percibido la correspondiente remuneración.
Modus operandi calculado
La dinámica delictiva empezaba una vez el cliente contactaba con la gestora. Acto seguido, los captadores reclutaban al cónyuge español y testigos, y todos comparecían ante un notario. Allí se formalizaba la unión mediante la consignación del acta correspondiente, que se enviaba al Registro Civil o al Registro de Parejas de Hecho.
Finalmente, la gestora detenida presentaba ante la Oficina de Extranjeros la solicitud de la Autorización de Residencia a nombre del cónyuge marroquí, a la cual tenía derecho en virtud del falso enlace. De este modo culminaba el plan delictivo y se obtenía la regularización administrativa en España, afirma la policía.
Ramificación en Barcelona y Girona
Aunque el grueso de esta trama criminal se encontraba en Melilla, la investigación policial ha hecho aflorar numerosos casos de parejas de hecho fraudulentas formalizadas en Barcelona donde, de acuerdo con la policía, la legislación autonómica para estas situaciones es mucho más laxa. El cuerpo de seguridad ha añadido que la detenida habría viajado a la capital catalana, donde ella misma oficiaba como intérprete en alguna de estas uniones ante un notario, además de encargarse de presentar las solicitudes de las Autorizaciones de Residencia en las Oficinas de Extranjería de Cataluña.
La policía ha detectado la participación de 90 implicados en 35 enlaces entre matrimonios civiles y parejas de hecho mediante comparecencia ante notarios de Melilla y Barcelona, así como la presentación de las solicitudes de Autorizaciones de Residencia a nombre de los cónyuges extranjeros en las Oficinas de Extranjería de Melilla, Barcelona y Girona.
Durante el operativo, los agentes entraron y registraron el local donde se ubicaba el negocio de la cabeza de la red. La policía decomisó numerosa documentación y material informático. Por ahora se han intervenido varias de las tarjetas de residencia obtenidas fraudulentamente y se han detenido a 50 de los 90 implicados.
Además, se han tramitado las oportunas órdenes de detención para los 40 sospechosos restantes. El juzgado de instrucción número 4 de Melilla decretó prisión provisional para la principal arrestada. La operación continúa abierta a la espera de más detenciones.
