El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves la ley de amnistía por una mayoría de seis magistrados a cuatro. Después de cuatro días deliberando, se han confirmado las previsiones y la mayoría progresista se ha impuesto validando la ley aprobada hace un año. En respuesta a un recurso del PP, se considera que la ley es constitucional.
Sin embargo, estima tres de los puntos recurridos: pedir incluir a quienes se manifestaron en contra del proceso, limitar el ámbito temporal de aplicación de noviembre de 2011 a noviembre de 2023 y obligar a que el Tribunal de Cuentas escuche las acusaciones populares antes de archivar sus causas. El veredicto tiene los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.
Con el veredicto de este jueves, conocido antes de las once de la mañana, el Constitucional resuelve el primero de los 16 recursos que tiene sobre la mesa a raíz de la amnistía a los encausados del proceso. La sentencia marcará la línea del resto de resoluciones.
A la espera de conocer el redactado, la resolución sobre la ley avala su constitucionalidad, pero da la razón a algunas de las peticiones del recurso del PP. Así, establece que la norma debe aplicarse también a las personas que se manifestaron contra el procés y no sólo a las protestas independentistas. El posicionamiento del Constitucional también modifica el punto de la ley que estipula que se pueden amnistiar hechos que finalizaron su ejecución después de la fecha límite del 13 de noviembre de 2023.
La tercera modificación de peso hace referencia al archivo de las causas que se encuentran en el Tribunal de Cuentas (TdC). La ley de amnistía establece que antes de hacer este proceso hay que escuchar el criterio del ministerio fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas, como la Generalitat de Cataluña. Los jueces reunidos en Madrid durante esta semana añaden a este grupo también las acusaciones populares personadas para que den su parecer.
Cuatro días deliberando
Los magistrados del Constitucional han tardado cuatro días en cerrar un acuerdo sobre la amnistía. De hecho, el pleno comenzó el lunes por la mañana y se ha reunido diariamente y a puerta cerrada en sesiones de entre tres y cuatro horas. En la primera jornada se rechazó presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ley, tal y como quería el sector conservador del organismo. Este fue el primer paso en una deliberación que inicialmente debía alargarse hasta el viernes, pero que se decidió acortar marcando el jueves como fecha límite.
En la segunda jornada del pleno, este martes, los magistrados concluyeron que la Constitución española no prohíbe, y de hecho permite, las leyes de amnistía, de manera que el poder legislativo tenía capacidad para aprobarlas. Sin entrar en el caso concreto catalán, los magistrados debatieron las amnistías "en abstracto" en una reflexión genérica que se prolongó unas dos horas y donde quedó claro que el Congreso tenía potestad para hacer leyes como la que aprobaron el PSOE, Sumar, ERC, Junts y el resto de socios de investidura hace poco más de un año.
La tercera jornada del pleno sirvió, finalmente, para entrar en la concreción de la amnistía por los encausados del proceso y sus siervos legales. De hecho, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunciaron ayer a favor de considerar que la ley de amnistía a los encausados del proceso era constitucional. Los miembros del tribunal también se abrieron a introducir varios cambios en la argumentación de la ponencia elaborada por la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, con el fin "de enriquecerla", pero sin modificar los elementos centrales de su argumentación.
Pleno con diez magistrados
El pleno que ha decidido sobre la constitucionalidad de la amnistía ha estado formado por diez magistrados de los doce que integran el alto tribunal. En el grupo estaban su presidente, Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que fue la encargada de la ponencia debatida esta semana, y los magistrados Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano, César Tolosa y Laura Díez.
Sin embargo, han quedado fuera de la deliberación sobre la ley los magistrados Juan Carlos Campo y José María Macías. En el caso del exministro socialista, pidió apartarse voluntariamente del procedimiento, mientras que el conservador José María Macías fue recusado por haber participado en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrario a la norma.
El Tribunal Supremo
Pese a que el TC avale la ley de amnistía, el Tribunal Supremo ya ha advertido de que no piensa aplicarla automáticamente a los líderes del 'procés' y el magistrado instructor Pablo Llarena mantendrá la orden de detención sobre Carles Puigdemont.
Previsiblemente, obviará la decisión del tribunal aduciendo que el Constitucional no se pronuncia sobre el delito de malversación, y podría elevar una cuestión prejudicial al TJUE o esperar a que el TC resuelva el resto de recursos, incluidos los de amparo de cada uno de los amnistiables.
Más recursos y cuestiones
Tras esta primera deliberación sobre la amnistía la seguirán las relativas al resto de recursos de constitucionalidad. De hecho, hay quince autonómicos, catorce procedentes de comunidades y parlamentos regionales del PP y uno del gobierno de Castilla La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García Page. En paralelo, hay cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, una del Tribunal Supremo y tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Además, también han llegado los recursos de amparo de varios políticos independentistas a los que el Supremo les ha denegado la amnistía en cuanto al delito de malversación de fondos públicos, como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Lluís Puig.