El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al decreto ley que extiende las reducciones fiscales aplicadas a los carburantes y a la electricidad, medida adoptada para mitigar los impactos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio. La iniciativa, defendida durante el pleno por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recibido el apoyo de 175 diputados provenientes del PSOE, Sumar, ERC y Junts, mientras que el Partido Popular se ha abstenido.
Objetivos y justificación del decreto
El plan contempla la continuidad de los descuentos en impuestos sobre la electricidad y los combustibles, estableciendo una retirada gradual de las ayudas. Según fuentes del gobierno español, esta convalidación permite “adaptar y mejorar” las medidas vigentes e incorporar un suplemento de 1.825 millones de euros en “apoyo fiscal”, sumándose a los 5.000 millones activados a raíz del inicio del conflicto con Irán.
Carlos Cuerpo ha explicado: “El principal objetivo del plan no es otro que proteger las rentas de familias y empresas ante la subida de los precios por el choque energético. Y se ha tenido éxito. La media de las tasas de inflación entre marzo y junio ha sido un punto inferior a la que se podría esperar sin el decreto”. Además, ha señalado que “se ha conseguido amortiguar la subida de los precios en más de un 60%”, destacando que las gasolineras han aplicado estas rebajas sin “comportamientos anómalos” ni “apropiación indebida de la ayuda”.
Mantenimiento temporal y retirada progresiva
Tal como recoge el texto presentado por el gobierno central, se pretende conservar de manera transitoria determinadas medidas mientras se prepara una retirada escalonada a medida que se consolide una estabilización en los mercados energéticos. Esta decisión está vinculada a la disminución de los riesgos asociados a los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como a la respuesta iraní hacia países del Golfo Pérsico.
El ejecutivo fija como plazo máximo septiembre de 2026 para completar esta retirada gradual de las ayudas mayoritarias.
Ayudas excluidas de la retirada gradual
No obstante, algunas ayudas quedarán fuera de esta devolución progresiva; concretamente aquellas destinadas directamente a los profesionales del transporte así como a los agricultores, ganaderos y pescadores. Estos colectivos mantendrán íntegramente sus beneficios durante toda la vigencia del plan.
Además, se establece un mecanismo de salvaguarda, que permitiría reactivar plenamente estas medidas si los índices de precios al consumo relacionados con productos energéticos experimentaran incrementos significativos. En este caso hipotético, las reducciones volverían automáticamente a ser efectivas en toda su intensidad.
Detalles específicos sobre las medidas aprobadas
Dentro del período vigente —previsto para los próximos tres meses— se mantienen varios incentivos tributarios como el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Las reducciones sobre este impuesto aplicadas al gasoil y gasolina continuarán con un ajuste progresivo: según Cuerpo serán 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.
Asimismo se introduce una cláusula para aplicar un descuento adicional de 20 céntimos por litro si hubiera una subida abrupta en los precios internacionales del crudo o un incremento notable en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de los combustibles respecto a hace un año.
Ayudas específicas a sectores profesionales vulnerables
- Mantenimiento de los descuentos fijos de 20 céntimos por litro dirigidos a transportistas, agricultores y pescadores.
- Continuidad de los descuentos reforzados vinculados al bono social.
- Garantía absoluta del suministro para los colectivos más vulnerables.
Más medidas complementarias
- Se alarga la prohibición de despidos en empresas beneficiarias durante esta crisis energética.
- Se impulsa aún más el proceso de electrificación dentro de la economía española.
Por otra parte, el decreto incluye también una disminución progresiva del impuesto sobre producción de energía: pasará actualmente del 7% al 5% este año hasta llegar al 0% en 2028. Esto supondrá una reducción aproximada de un 6% tanto para consumidores particulares como industriales según explica Cuerpo.
Además se destinan otros 165 millones adicionales —sumándose a los ya existentes 500 millones— para ayudar en la compra de fertilizantes afectada por los aumentos provocados tanto por las crisis de Ucrania como las tensiones geopolíticas orientales.
Aval político: Junts y ERC dan apoyo pero con matices
El diputado Josep Maria Cruset, representante de Junts, ha puesto énfasis en que este decreto incorpora propuestas planteadas por su partido presentes también en versiones anteriores, pero considera que sigue siendo “claramente insuficiente” porque incluye “importantes agravios contra los ciudadanos”, citando especialmente “el aumento del IVA sobre la electricidad” coincidiendo con episodios importantes de olas de caloríficas.
Por otro lado, Teresa Jordà (ERC) ha manifestado su apoyo enmarcando lo dentro de un contexto donde es necesario garantizar “estabilidad” ante tanta “incertidumbre geopolítica”. Sin embargo, pide reforzar protecciones para los colectivos más vulnerables así como avanzar hacia un modelo energético más resistente: “Nuestro sí no es en ningún caso un cheque en blanco. Es un sí exigente. Es un sí que reclama, vicepresidente, mucha más ambición”.
La oposición crítica alerta sobre recortes prematuros
Por parte del PP, en cambio, Jaime de Olano ha denunciado que el decreto es “el ejemplo perfecto” de la distancia entre “el relato y la realidad” que gestiona el gobierno español. Asimismo, ha dicho que la prórroga del plan retira “dos de cada tres euros de protección” en un momento en que el precio del petróleo roza los 100 euros el barril. “Si funcionan, ¿por qué las retiran? Si la normalidad ha vuelto, ¿por qué el decreto dice que se mantienen las dudas? No son dudas, son bombardeos en Ormuz”, ha resaltado. “El relato dice normalización, el decreto dice incertidumbre y los hechos dicen crisis energética”, ha concluido.
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